La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) confirmó la suspensión de 80.080 pensiones no contributivas por invalidez laboral, en el marco de una auditoría que abarca a más de un millón de personas en todo el país. El operativo se lleva adelante con personal médico del PAMI y de la propia agencia.

Según el comunicado oficial, 65.230 beneficios fueron dados de baja por irregularidades, otras 8.207 personas renunciaron de manera voluntaria, y 6.643 pensiones eran cobradas por familiares de fallecidos. Esto implicaría un ahorro mensual estimado de $23.143 millones.

Uno de los datos que destacó el organismo es que el 60 % de los beneficiarios citados a controles médicos no se presentó. En caso de ausentarse a tres convocatorias, se pierde el derecho al beneficio, que actualmente representa un monto mensual de $289.000.

Denuncias, cambios normativos y cuestionamientos

La ANDIS sostuvo que entre las irregularidades detectadas hay certificados truchos, radiografías duplicadas y personas con antecedentes penales o en condición de prófugos que continuaban percibiendo la pensión.

El proceso se apoya en el decreto 842/2024, que permite suspensiones preventivas ante sospechas de fraude y establece nuevos criterios de incompatibilidad, como la existencia de otros ingresos, pensiones o condenas judiciales.

En paralelo, organizaciones sociales y de personas con discapacidad expresaron preocupación por la falta de información clara sobre los criterios de baja y los mecanismos de defensa para quienes fueron afectados por la medida.