El 26 de febrero de 2006, Paulina Lebbos, quien era estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación, salió a bailar con su entonces amiga, Virginia Mercado. Se tomaron un remís; Virginia se bajó y Paulina siguió viaje hacia la casa de su pareja, César Soto pero nunca llegó. Su cuerpo apareció mutilado a la vera de la ruta en Raco. Desde ese momento, Tucumán fue testigo de una maquinaria de mentiras y encubrimiento que involucró a los tres poderes del Estado.

Aquel mismo día en que Alberto Lebbos denunció la desaparición de su hija y mientras los compañeros de facultad de Paulina marchaban exigiendo su aparición con vida, el poder político ensayaba su primera puesta en escena. El entonces ministro de Seguridad, Pablo Baillo, junto al exjefe de Policía, Hugo Sánchez, anunciaban operativos de rastrillaje en busca de un Fiat Duna bordó (primera pista falsa para desviar la atención), incluso invocando la participación de estructuras de inteligencia heredadas del bussismo, como el D2.

Pero lejos de profundizar la búsqueda, la investigación judicial avanzaba en sentido contrario. Bajo la conducción del entonces fiscal Alejandro Noguera, el expediente se orientó a desplazar a la víctima del lugar de víctima: se instaló la hipótesis de una fuga voluntaria, se sugirieron conflictos familiares y se habilitó un relato que no buscó encontrar a Paulina, sino explicar su ausencia. Esa decisión inicial no fue un error aislado: fue el primer acto de un encubrimiento estatal que marcaría toda la causa. Como dato adicional, tras ese escándalo, Noguera no fue destituido, sino que fue "ascendido" a fiscal de Cámara.

 El 11 de marzo, 13 días después, el cuerpo de Paulina fue encontrado a la vera de la ruta 341, a la altura de Tapia. Fue hallado por los hermanos Marcelo y Sergio Goitea, quienes dieron aviso a la comisaría de Raco. El cuerpo de la joven presentaba un avanzado estado de descomposición, con mutilaciones en la zona vaginal y bucal, el cuero cabelludo arrancado y las huellas digitales limadas. La autopsia determinó que Paulina murió asfixiada por estrangulamiento. 

Apenas confirmado el hallazgo, el ministro Baillo y el secretario de Seguridad Eduardo Di Lella declararon estar "orgullosos" del accionar policial, llegando a decir irónicamente que "aquí no hay impunidad para nadie". Alberto Lebbos denunció de inmediato que la policía solo se dedicó a investigarlo a él y a su familia. 

A dos décadas del horror, lo que más estremece es que quienes terminaron tras las rejas no fueron los asesinos, sino los encargados de investigar el crimen. Se determinó que hubo un plan sistemático para desviar la verdad.  

Los condenados por el encubrimiento

La investigación del caso Lebbos dejó al descubierto una red de complicidades inédita en la provincia, donde funcionarios clave terminaron con condenas:

• La Policía de Tucumán: Se probó que alteraron actas para fingir que el hallazgo del cuerpo fue resultado de un rastrillaje oficial, cuando en realidad lo encontraron dos civiles de manera casual. Los comisarios Hugo Sánchez (exjefe de policía), Nicolás Barrera (exsubjefe de policía)  y Rubén Brito (exjefe de la Unidad Regional Norte) fueron señalados por falsificar actas. En 2013, el comisario de Raco Enrique García y otros agentes (Manuel Yapura, Roberto Lencina y Hugo Waldino Rodríguez) fueron condenados por encubrimiento agravado; declararon que sus superiores les dieron la orden de falsificar documentos e incluso intentaron llevarse el cuerpo sin pericias ni orden judicial.

• El Poder Político: Fueron condenados el exsecretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, y la cúpula policial de la época por maniobras directas para proteger a los responsables y entorpecer la causa.  Pese al escándalo, José Alperovich respaldó inicialmente a Baillo y a los jefes policiales, quienes continuaron en sus cargos o fueron promovidos antes de jubilarse.

• La Justicia: La complicidad judicial fue un pilar fundamental para el silencio. Alejandro Noguera (era fiscal de la causa en ese entonces) fue apartado tras ser fotografiado por La Gaceta saliendo de una reunión nocturna en la casa de Alperovich poco después del crimen. Carlos Albaca, exfiscal, estuvo a cargo de la causa por 7 años. Fue condenado por dejar que las pruebas de ADN literalmente se pudrieran. Durante su gestión, llegó a sugerir teorías agraviantes para la memoria de Paulina, diciendo que pudo ser una "muerte natural" durante una "práctica de autoasfixia". Su padre sentenció: "La mató por segunda vez". Albaca logró jubilarse con el 82% móvil gracias a un decreto firmado por el entonces gobernador José Alperovich y actualmente sigue cumpliendo condena aunque con prisión domiciliaria. 

El nexo con el poder y el rol de los "hijos del poder"

El principal sospechoso del crimen sigue siendo César Soto, expareja de Paulina y vinculado a la barra brava de Atlético Tucumán. En aquel 2006, la influencia de José Alperovich en el club era absoluta y su mano derecha era Sergio Kaleñuk, hijo de un exjefe de la Policía. 

Hoy, Sergio Kaleñuk se encuentra en la cuerda floja judicial. La Corte debe decidir si finalmente será sometido a juicio o si el paso del tiempo le otorgará la impunidad definitiva. A esto se sumó recientemente la confesión de Virginia Mercado, la mejor amiga de Paulina, quien 20 años después admitió haber mentido y ocultado información crítica sobre la noche de la desaparición. 

Estaba previsto que el próximo 2 de marzo de 2026 comience el juicio oral y público en contra de César Soto y Sergio Kaleñuk. Sin embargo, el fiscal de Cámara, Daniel Marranzino, comunicó que no estaba en condiciones de sostener la acusación en esta instancia, por lo que solicitó que la acusación la asuma el fiscal de instrucción, Carlos Sale, y pidió una prórroga de una semana para analizar las pruebas producidas para este tramo del juicio.

Una herida que no cierra en la sociedad tucumana

A 20 años del crimen, el pedido de justicia de Alberto Lebbos se convirtió en un símbolo de lucha contra el poder. Sin embargo, el interrogante principal persiste: ¿Quién mató a Paulina y quiénes siguen ganando con el silencio? Mientras los responsables materiales sigan libres, la justicia tucumana mantendrá una deuda impagable con la familia Lebbos.