A nueve años de la violación grupal denunciada por Paula Martínez en Florencio Varela y a más de cuatro años de que se haya quitado la vida, su mamá volvió a alzar la voz para pedir justicia. El reclamo no apunta solo a las condenas ya dictadas, sino a una prueba clave que permanece sin respuesta: la existencia de un sexto ADN masculino que nunca fue identificado.

Paula fue abusada el 10 de diciembre de 2016 durante una fiesta. Denunció que fue drogada con escopolamina, raptada y violada por varios jóvenes. Sostuvo su acusación durante años, atravesó procesos judiciales, amenazas y hostigamientos, y encabezó marchas públicas para exigir justicia. El 26 de diciembre de 2021, con apenas 23 años, fue encontrada muerta en su casa. Se había quitado la vida.

Su mamá sostiene que Paula no resistió la revictimización constante y el amedrentamiento del entorno de los acusados, sumado a la exposición mediática y judicial que sufrió durante años.

El sexto ADN que sigue siendo una incógnita

En diálogo con TN, Sandra Zapata aseguró que las pericias realizadas tras el abuso detectaron la presencia de un sexto perfil genético masculino que no corresponde a ninguno de los cinco hombres que fueron juzgados por el hecho.

Según explicó, esa línea de investigación fue archivada con el argumento de que en la Argentina no existe un banco genético que permita realizar comparaciones. Sin embargo, la familia sostiene que ese fundamento es falso y que el Banco Nacional de Datos Genéticos sí puede ser utilizado para avanzar en la identificación.

Actualmente, el expediente judicial está dividido en dos partes: por un lado, la causa que investiga las circunstancias de la muerte de Paula, que continúa abierta, pero sin resolución; por otro, la causa paralela por el ADN NN, que fue archivada y que la familia busca reactivar.

"Hay un sexto ADN que nunca fue explicado. Ese dato sigue sin respuesta", remarcó Sandra, quien pidió que se ordenen nuevas pericias y que se comparen los perfiles genéticos con personas mencionadas durante la investigación y testigos aportados por las defensas.

Las condenas, la absolución y una deuda judicial

En 2022, la Justicia bonaerense condenó a Diego Gabriel Domínguez, Gonzalo Daniel Sandoval, Gustavo David Carbonel y Guillermo Adrián Chávez por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas. Domínguez recibió 20 años de prisión por haber sido funcionario público, mientras que los otros tres fueron sentenciados a 19 años.

El quinto acusado, Mauro Nair Goncalves, estuvo prófugo durante cinco años y fue juzgado en un debate aparte mediante un jurado popular, que lo declaró no culpable. Sin embargo, ese fallo no resolvió la incógnita del sexto perfil genético que figura en el expediente.

Para la familia de Paula, se trata de una deuda central del sistema judicial: "No se puede cerrar una historia cuando hay una prueba biológica que indica que falta alguien", afirmó su mamá.

Denuncia por persecución y pedido de protección

Además del reclamo judicial, Sandra Zapata denunció una situación de hostigamiento actual. Aseguró que es seguida y vigilada por la Policía Bonaerense y la Guardia Comunal de Florencio Varela, generando un clima de intimidación hacia ella y sus hijos.

Según explicó, cuenta con pruebas y testigos, y por eso solicitó custodia fija dependiente de fiscalías y no de comisarías, por temor a represalias: "Con todo el dolor que implica volver a exponerme, recurro nuevamente para que el caso tenga visibilidad, para que haya justicia y respuestas", concluyó.

El pedido es claro: que se reactive la investigación y se esclarezca una prueba científica que, nueve años después del abuso y más de cuatro de la muerte de Paula, sigue sin explicación.