El Gobierno de Córdoba acordó un aumento salarial que supera ampliamente las proyecciones de Nación. La medida, que indexa sueldos mensualmente por inflación, genera presión sobre los municipios y pone bajo la lupa la realidad de las paritarias en el interior del país.

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, selló un acuerdo con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) que establece un incremento del 40% anual. La mejora se liquidará en cuotas mensuales atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y contempla una instancia de revisión en octubre. La decisión impactó de lleno en el tablero económico nacional, al evidenciar que la inflación real corre por encima de las estimaciones planteadas por Javier Milei y Luis Caputo.

El entendimiento no solo beneficia a los maestros, sino que marca la cancha para el resto de los empleados públicos cordobeses, quienes ya exigen pisos similares. Esta situación ha puesto en alerta a los intendentes de esa provincia, quienes enfrentan una caída de la coparticipación desde hace ocho meses y advierten que no tienen recursos para replicar semejante actualización sin "prender fuego las cuentas" municipales.

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El contraste con Tucumán: paz social bajo presión

En Tucumán, el escenario paritario se cerró tras semanas de extrema tensión. El Gobierno de Osvaldo Jaldo logró concretar la firma con la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), pero solo después de dictar una conciliación obligatoria que forzó el inicio del ciclo lectivo 2026. A diferencia de la indexación mensual automática de Córdoba, el acuerdo local fue calificado por el gremio docente como un "acercamiento" que no implica una conformidad plena.

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Mientras en Córdoba el debate gira en torno a la actualización automática por inflación, en Tucumán el cierre fue forzoso. Hugo Brito, secretario general de ATEP, aclaró tras la firma que el sector "no ha renunciado" a sus aspiraciones salariales, señalando que el objetivo sigue siendo alcanzar el costo de la canasta básica. Este esquema de "parches" y negociaciones bajo presión estatal marca la diferencia con la estrategia cordobesa, evidenciando el desgaste del sistema educativo local ante la falta de acuerdos previsibles.