La antesala del golpe en el Jardín de la República

En este 2026, la historia recuerda que para Tucumán el terrorismo de Estado no empezó en 1976, sino en febrero de 1975 con el Operativo Independencia. Bajo el mando de Acdel Vilas y luego de Antonio Domingo Bussi, la provincia se convirtió en un laboratorio represivo. El decreto de "aniquilamiento de la subversión", firmado por Isabel Martínez de Perón, fue la pantalla legal para avanzar sobre los ingenios azucareros, los pueblos y la militancia estudiantil, instalando un control militar total sobre la población civil.

"La Escuelita" y la red de centros clandestinos

Tucumán ostenta el triste récord de haber albergado el primer centro clandestino de detención del país: La Escuelita de Famaillá. Allí, la planta de una escuela en construcción fue utilizada para el secuestro y la tortura de miles de personas. La represión no fue solo militar; contó con la participación de las patronales azucareras, que aportaron listas de activistas y logística. Ingenios como La Fronterita o Concepción funcionaron como bases operativas, evidenciando una complicidad empresarial que, a 50 años, todavía lucha por llegar a sentencias firmes.

Un genocidio dirigido contra la clase obrera

Las estadísticas a medio siglo del golpe son contundentes: el principal objetivo de la represión en Tucumán fueron los trabajadores asalariados. Sindicatos como la FOTIA fueron diezmados, y el 70% de los secuestros en el sector obrero fueron colectivos, buscando desarticular la organización sindical de base. La juventud, tanto universitaria como trabajadora, también fue blanco de una violencia que buscaba extirpar cualquier foco de resistencia al modelo económico que venía a imponer la bota militar.

La herencia de la impunidad y la memoria

A pesar de los históricos juicios que condenaron a genocidas como Menéndez y Bussi, la impunidad biológica y las prisiones domiciliarias siguen siendo un reclamo de los organismos de Derechos Humanos. En Tucumán, la figura de Bussi logró reciclarse en democracia, llegando incluso a la gobernación por el voto popular en los años 90, un fenómeno que todavía hoy obliga a reflexionar sobre la profundidad del consenso social que logró construir el discurso de la "mano dura".