La Asociación de Prensa de Tucumán (APT) y Andhes (Abogados del NOA en Derechos Humanos) presentaron un pedido ante la Relatora Especial de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan, tras la medida cautelar dictada por el juez Lucas Taboada. La resolución judicial obliga a CCC (Compañía de Circuito Cerrado) y su equipo a cesar la difusión de cualquier contenido que "injurie, desacredite o distorsione" la actuación de fiscales y magistrados.

Desde Andhes y la APT sostienen que esta medida representa un caso grave de censura previa y urgen a Naciones Unidas a intervenir para salvaguardar el derecho a la libertad de prensa en la provincia.

Gremios alertan sobre un retroceso democrático

Para Florencia Vallino, directora de Andhes, no puede justificarse la censura en una democracia. "El periodismo libre y crítico es esencial para la transparencia y la rendición de cuentas", dijo, y advirtió que perseguirlo debilita "el tejido democrático".

Por su parte, Diego del Jesús Tomás, secretario gremial de la APT, sostuvo que restringir la libertad de expresión y el acceso a la información "socava las bases mismas del sistema democrático y republicano".

Alarma institucional y constitucional

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se unió a los cuestionamientos: en un comunicado defendió que la libertad de expresión no puede ser limitada de forma preventiva y señaló que la decisión judicial contradice "los principios esenciales de una república democrática".

También advirtieron sobre un posible conflicto con precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar "incompatible" una prohibición genérica para opinar sobre miembros del poder judicial.