El nuevo acuerdo entre el Gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional (FMI) implica un préstamo de USD 20.000 millones bajo el programa de Facilidades Extendidas (EFF), que eleva la exposición de la Argentina al 1.115% de su cuota en el organismo. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), esto representa un récord en la historia del FMI y plantea un riesgo "alto" de estrés soberano a mediano y largo plazo.

El acuerdo se propone como un "puente al 2030", año en el que se prevé una mejora sustancial en la balanza comercial energética. Mientras tanto, se espera un financiamiento adicional de organismos como el Banco Mundial (USD 12.000 millones) y el BID (USD 10.000 millones), aunque no se especifica cuánto de ese dinero será de libre disponibilidad.

Esquema cambiario: suba del dólar, fin parcial del cepo y más inflación

El informe señala que la unificación del tipo de cambio trajo una apreciación del peso que generó un salto en el dólar oficial, que ahora se mueve en una banda de entre $1.000 y $1.400. Esta devaluación impulsará los precios, especialmente en sectores regulados como energía, salud y transporte, donde el FMI exige quita de subsidios y desregulación.

Aunque se anunció el fin del cepo, CEPA aclara que la salida no es total: persisten restricciones al giro de dividendos previos a 2025 y límites cruzados entre el mercado oficial y el financiero. La liberalización cambiaria, sin política de esterilización monetaria ni control del M3, también genera preocupación por posibles desbordes inflacionarios.

Fuerte ajuste fiscal, reformas estructurales y privatizaciones

El Gobierno se comprometió a un superávit primario del 1,6% del PBI en 2025, que subirá a 2,5% en 2027. 

Para lograrlo, se prevén recortes en subsidios, seguridad social y asistencia social. 

A su vez, el FMI exige reformas estructurales: laboral, previsional y tributaria, además de la privatización de empresas públicas contempladas en la Ley Bases.

Entre los puntos más polémicos, CEPA destaca la intención de flexibilizar los despidos, desregular el mercado eléctrico mayorista, imponer una ley de déficit cero y armonizar el IVA. Todo esto se firmó mediante un DNU, lo que según el informe viola el artículo 75 de la Constitución Nacional.

El informe completo: