La Justicia volvió a fallar contra EDET

El Juzgado Civil y Comercial XI Nominación de Tucumán dictó una nueva sentencia condenatoria contra EDET S.A. por incumplimiento en la prestación del servicio eléctrico. En esta ocasión, la jueza Inés de los Ángeles Yamús resolvió que la distribuidora deberá pagar más de $10 millones al usuario Carlos Roberto Tilca Martínez, quien denunció daños en un aire acondicionado y un televisor producto de bajas de tensión y cortes de luz reiterados en su vivienda ubicada en calle Maipú al 1300 de San Miguel de Tucumán.

Tilca presentó su reclamo primero ante la empresa y luego ante el ERSEPT, que en 2024 ya había emitido una resolución favorable al consumidor. Sin embargo, ante la negativa de la firma, el usuario llevó el caso a la Justicia, que finalmente le dio la razón.

La empresa fue condenada por daños y deberá publicar la sentencia

La resolución judicial establece que EDET deberá abonar $1.757.000 por daño material, $3 millones por daño moral y $6 millones por daño punitivo, sumando un total de más de $10 millones, además de los intereses correspondientes.

El fallo sostiene que la empresa "no brindó una respuesta adecuada ni diligente" a los reclamos del usuario y que su conducta evidenció "una actitud desatenta e indiferente frente a los derechos del consumidor". Por ello, la jueza consideró procedente la aplicación del daño punitivo, previsto en la Ley de Defensa del Consumidor, para sancionar las conductas reiteradas y desaprensivas hacia los usuarios.

Además, EDET fue obligada a publicar a su costo la parte resolutiva de la sentencia en un diario de gran circulación de Tucumán, medida ejemplificadora destinada a prevenir que otros usuarios sufran situaciones similares.

Una causa más en la lista de fallos contra la distribuidora

En los últimos años, EDET acumuló múltiples reclamos judiciales y sanciones administrativas por deficiencias en el servicio y por incumplir con los estándares de calidad exigidos por el contrato de concesión. En este caso, la jueza Yamús recordó que, según la legislación vigente, las interrupciones o alteraciones en el servicio público se presumen imputables a la empresa prestadora, salvo que esta demuestre lo contrario, algo que no logró acreditar en este proceso.

El fallo, que además ordena el pago de los honorarios profesionales y las costas judiciales, fue dictado el 14 de octubre de 2025 y constituye una nueva advertencia judicial hacia la compañía, en momentos en que los reclamos por cortes y baja tensión siguen siendo una de las principales quejas de los usuarios tucumanos.