En 2020, se reglamentó una ley que habilitaba el uso de las aplicaciones de transporte, siempre que se cumplan las regulaciones correspondientes y los municipios acepten su uso. "Uber nunca presentó sede en Tucumán", explicó Julio Rodríguez, representante de la Federación de taxistas.

En la reunión, se firmó una ley que deja sin efecto esa reglamentación.

"No estamos en contra de la tecnología. Un taxi que usa Uber tiene todas las habilitaciones correspondientes", declaró Julio Chávez, referente de la asociación de autoconvocados. Y agregó: "El problema es la ilegalidad en la que incurren las aplicaciones".

"No se trata solo del pedido de los taxistas, sino que también tiene que ver con brindar un marco de seguridad a la sociedad", explicaron los afectados por las aplicaciones, haciendo referencia al secuestro que sufrió hace unos días un conductor de Uber.

Cómo continúa este proceso

Si bien el Vicegobernador firmó la derogación de la ley y mañana será publicada en el Boletín Oficial, deben seguir trabajando en ello para que esto quede oficializado.

El viernes por la mañana, volverán a reunirse para tratar de construir el marco legal para esta prohibición. Junto a la Fiscalía del Estado y los organismos correspondientes, buscarán armar un proyecto para la anulación total y, además, se establecerá cómo serán los controles que ejercerá la provincia.

Las penalizaciones

Quedaron establecidas las futuras sanciones para quienes continúen trabajando con las aplicaciones: se procederá al secuestro del vehículo y la elevación de la multa pasará a costar 3 mil litros de combustible, lo que es equivalente a $1 millón, aproximadamente.

"No cualquiera puede transportar gente"

Osvaldo Jaldo aclaró que, al ser un transporte público de pasajeros, el gobierno y la municipalidad son los responsables de bregar por la seguridad de los mismos.

También, afirmó que seguramente los dueños de taxis deban mejorar el servicio, pero no por ello se puede permitir que existan vehículos que trabajen con autos y choferes no identificados.

Por último, remarcó: "El usuario tiene el derecho de exigir un buen servicio y de denunciar a quien corresponda".