El día que Josefina ingresó al hospital público de Tafí del Valle, jamás se imaginó el diagnóstico que se terminaría llevando de allí: ser culpable de condenar gente al infierno. La primera consulta que realizó con la obstetra de esa institución fue el 19 de junio de 2025. Allí confirmó que estaba cursando un embarazo no deseado. Este fue el puntapié inicial de un proceso de interrupción que se terminaría extendiendo por dos provincias y por, al menos, cuatro profesionales distintos.

Una cuestión de fe

Luego de su primera consulta, Josefina asistió a su cita con el ginecólogo que atiende en el Hospital Elías Medicci. Lo recuerda bien: fue el lunes 23 de junio. No podía ser ni el 22 ni el 24, porque en la localidad que se encuentra a casi 100 kilómetros de la capital tucumana solo atiende un único profesional de esta área, casi religiosamente, los lunes de cada semana.

Ese día, la mujer había asistido con su ecografía y con una decisión tomada: no iba a continuar con su embarazo. Sin embargo, la reacción del profesional no fue la que esperaba. "¡Ah! No, no, no. Yo eso no hago, porque vos así me hacés ir al infierno", fue la respuesta del ginecólogo. Su siguiente frase fue una orden para la obstetra que la acompañaba, pero que iba a quedar resonando permanentemente en los recuerdos de la paciente. "No sé, dale, pásale vos el número de Tucumán y que ellas vean ahí qué van a hacer, pero yo acá no la quiero", sentenció refiriéndose a Josefina.

"Cuando llegué al ginecólogo, sentía mucha culpa. Me sentía mal y no sabía qué hacer, estaba desesperada. Cuando me dijo eso, me cayó peor. Yo esperaba recibir apoyo y lo que me pasó fue pésimo", cuenta la mujer.

Finalmente, fue la obstetra quien le facilitó un número público del Ministerio de Salud. A través de ese contacto, le recomendaron viajar hasta Amaicha del Valle para poder acceder a la interrupción.

Un recorrido sinuoso por los valles tucumanos

"Al otro día, yo viajo a Amaicha. Allá me dicen que no me pueden atender porque yo tenía que tener un turno programado", continúa Josefina. Para ese entonces, su embarazo tenía aproximadamente seis semanas. Mientras esperaba ser atendida en la Policlínica Dr. Adrian S. Tuma, dentro suyo crecía poco a poco un sentido de urgencia. "Yo no podía seguir esperando", recuerda.

Si bien consiguió su ansiado turno, ser atendida no fue ni el único ni el más simple obstáculo que tuvo que sortear en Amaicha. Una vez que la ginecóloga de la policlínica le explicó los procedimientos establecidos, se topó con una nueva pared. "Ella me dió la receta para que yo compre las pastillas. Consulté en las farmacias, pero el precio era muy elevado. No me las daban de forma gratuita y me decían que en Tucumán -refiriéndose a la capital de la provincia- menos me las iban a dar". Sin obra social, el costo de estos medicamentos puede alcanzar hasta los $100.000.

El precio inaccesible de estos fármacos llevó a Josefina a un tercer destino: Santa María. Para llegar allí, debía continuar su recorrido por los valles tucumanos, pasando el límite que separa a Tucumán de Catamarca. Fue una de sus amigas la que le dio el empujón necesario para intentar acceder al tratamiento en otra provincia: "¿Por qué no te venís a Santa María? Acá te dan todo gratis".

Recién en esa localidad, la mujer pudo iniciar la interrupción. En el Hospital Público Dr. Luis A. Vargas, fue atendida por una médica clínica que le proporcionó la información necesaria y los medicamentos correspondientes de manera gratuita. En las semanas siguientes, Josefina tuvo que volver al menos una vez más a Santa María para realizarse una intervención quirúrgica simple. La última ecografía la realizó el 4 de agosto, fecha en la que finalmente pudo concluir el tratamiento. En el proceso, el sistema de salud público de Tucumán la empujó a recorrer más de 400 kilómetros para acceder a un derecho que debía garantizar el Estado.

Materia pendiente

La historia de Josefina está atravesada por, al menos, dos violaciones a la legislación vigente. Según la Ley 27.610, el personal de salud debe respetar las decisiones de las pacientes y ofrecer un trato digno. "La información que se suministre debe estar basada en evidencia. Hablar del ‘infierno' viola el deber médico de proveer un trato digno, de respetar la autonomía y de brindar información adecuada", explica Soledad Deza, abogada feminista y fundadora de la Fundación Mujeres x Mujeres. De esta forma, estaríamos ante prácticas que constituyen una "violencia obstétrica institucional".

Pero la violación a la ley correspondiente no se limita únicamente al trato indigno, sino que abarca el acceso mismo al derecho. Según Soledad, el Estado debe proveer la medicación de manera gratuita, ya que el tratamiento farmacológico necesario para realizar una interrupción de un embarazo está comprendido en el Programa Médico Obligatorio. Así lo establece el artículo 12 de la ley.

Esta transgresión legal no es inofensiva. "No solo son un supuesto de violencia contra la libertad reproductiva institucional, también son un delito incorporado por la ley 27.610", explica la abogada. Con ese argumento en mano, no duda en su calificación: "En Argentina, quien niega un aborto legal es un delincuente".

Una provincia infernal

El recorrido infernal de Josefina tiene peso por sí mismo. Se trata de un caso en el que se habría violado la ley y obstaculizado un derecho. Pero, al mismo tiempo, va más allá. Según la víctima, su caso no es el único de Tafí del Valle. "Todas las mujeres que buscan interrumpir su embarazo van a parar a Amaicha. Todas. Porque tengo amigas que hicieron lo mismo y fueron a parar allí. Acá no realizan esa intervención, y menos con ese ginecólogo", denuncia.

En este sentido, la Fundación Mujeres x Mujeres detectó numerosas barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo durante 2024 a través de un proyecto llamado "Empalme Verde". Falta de provisión de insumos, escasez de personal de salud que garantice la prestación, desinformación sanitaria y derivaciones ilegales son los obstáculos mencionados por Soledad. Enterate Noticias se comunicó con el Ministerio de Salud de Tucumán para corroborar este relevamiento y obtener datos precisos acerca del acceso efectivo a este derecho. Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna.

Los casos no son episodios aislados. En agosto de 2018, Tucumán fue declarada por la Legislatura provincial como una provincia "provida" en medio de las discusiones por la legalización de la interrupción del embarazo. Antes de eso, Belén, una joven tucumana, fue encarcelada y acusada de homicidio doblemente agravado tras sufrir un aborto espontáneo. Y, más reciente a la fecha, el propio ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz, afirmó que tanto él como el gobernador están "en contra del aborto". "Hay una ley compleja que obliga a dar respuesta en algunas situaciones", expresó en mayo de este año.

Al respecto, Soledad Deza es contundente: "Las mujeres que deciden abortar tienen sus propias creencias, su fe, su religión y su espiritualidad. Ellas son quienes están en mejores condiciones éticas de decidir lo que es mejor. Los objetores de conciencia que usan su lugar de poder para imponer planes de vida a otras personas son iatrogénicos para el sistema de salud, dañinos para la sociedad y no están amparados por la ley".

En ciudades y pueblos alejados de la capital, la concentración de servicios en pocos profesionales es moneda corriente. La historia de Josefina evidencia que en estos casos el acceso efectivo a una interrupción del embarazo puede depender de la suerte y de la voluntad personal del médico de turno, a pesar de que la Ley 27.610 es clara al exigir un trato digno y la provisión gratuita de insumos.

Nota: el nombre real de la entrevistada fue modificado con el fin de respetar su privacidad y resguardar el anonimato.