A nueve meses del atentado a Cristina, el diputado nacional Gerardo Milman decidió designar un abogado defensor, ante las denuncias que lo involucran como un responsable intelectual del hecho y pese a las cartas que escribió  quien realizó el ataque, Fernando Sabag Montiel. 

Esta semana, la querella de la vicepresidenta pidió la suspensión del juicio argumentando la posibilidad de presentar nuevas pruebas.

El abogado que se hará cargo de la defensa es Manuel Barros, que -según señalaron en tribunales- había sido letrado de Gendarmería Nacional e incluso habría tenido alguna vinculación en la causa Maldonado. La jugada de Milman llamó la atención en los tribunales por el momento en que se hizo.

El fiscal Carlos Rívolo, encargado de la investigación, ya había señalado que el legislador no estaba formalmente imputado. No obstante, en el marco de la gravedad institucional del ataque, había solicitado que se secuestrara su teléfono, previo a un proceso de desafuero que debía iniciar el Congreso. La jueza María Eugenia Capuchetti se lo negó, precisamente, porque no estaba imputado.

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La Cámara Federal, en tanto, debatirá a partir del 22 de junio si hace lugar al pedido del secuestro de teléfono de Milman.

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial (DAJUDECO) informó en las últimas horas el resultado de esos entrecruzamientos: no hay ningún cruce entre los copitos y Milman y sus secretarias. El período analizado fue entre el 1 de agosto al 2 de septiembre del 2022.

La hipótesis que involucra a Milman en el atentado apareció en la causa más de 20 días después del atentado contra CFK, de la mano de un asesor legislativo del Frente de Todos, y marcó un quiebre entre el vínculo de la querella, recién llegada al expediente, y la jueza Capuchetti.