Millones de pesos y dólares: esto encontraron en los allanamientos a los piqueteros acusados de extorsión

Durante la semana se hicieron un total de 27 allanamientos en la causa que investiga a dirigentes sociales por extorsionar a beneficiarios de planes sociales. Puntualmente, se los investiga, además de la extorsión, por desviar fondos y manipular programas de asistencia del Estado.

Entre los principales implicados se encuentran Jeremías Adrián Cantero, Jorge Antonio Rosas, Lesli Castillo, María Dotti, Nilsa Torres y Lorenzo Martelli, dirigentes de distintas agrupaciones sociales. En los allanamientos realizados se secuestraron muchos elementos: 8.769.909 pesos argentinos, 76.764 dólares, 199 euros, 31 teléfonos celulares y 33 tarjetas de débito y crédito.

Por ejemplo, en el caso de María Dotti, dirigente social del Polo Obrero, se encontraron U$S54.000 dólares en su domicilio en Boedo. También tenía $478 mil pesos. A Jorge Antonio Rosas, por otra parte, le incautaron $6.882.589, 16.425 dólares y 180 euros. La misma suerte corrió Jeremías Adrián Cantero, a quien le secuestraron U$S2.591 dólares y 135 recibos de pagos del Polo Obrero y otros elementos incriminatorios.

Además de estos montos, los allanamientos secuestraron documentación aparentemente relacionada con la causa. Por ejemplo, en el comedor Rivadavia 1 del Polo Obrero se encontró cuadernos con la asistencia que se registró en las marchas, junto a detalles de las sanciones impuestas a los beneficiarios que no asistieron.

En el comedor Mariano Ferreyra también se halló un cuaderno con estas mismas anotaciones. Además, se secuestró un talonario con bonos contribución de la gente.

Las denuncias que desencadenaron estos operativos fueron recibidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación a través de la línea 134. Según estas denuncias, los dirigentes de estas organizaciones habrían formado un sistema de cobro de porcentajes del programa Potenciar Trabajo y amenazaban a los beneficiarios con la quita de sus planes en caso de no hacer los aportes exigidos o de no asistir a las manifestaciones. Además, les habrían exigido a los asistentes de los comedores pagar 2.300 pesos por mes para poder retirar la comida.