El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), lanzó un operativo masivo para auditar las Pensiones No Contributivas por Discapacidad Laboral (PNCDL) otorgadas en gestiones anteriores, bajo la hipótesis de irregularidades en su otorgamiento. Para ello, publicó una licitación para el envío de 720.000 cartas documento a beneficiarios en todo el país.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que hasta el momento se cancelaron 110.522 pensiones por irregularidades, además de 8.107 por fallecimiento y 10.038 por renuncia de los titulares. La licitación publicada el 30 de julio indica que las cartas documento deben ser entregadas en un plazo de 48 horas hábiles, con un segundo intento en caso de no concretarse la primera entrega, y devolución al remitente si no se logra notificar tras cinco días hábiles.

Ahorro y control de prestaciones

El Gobierno proyecta que la baja de pensiones permitirá un ahorro mensual cercano a 35.000 millones de pesos, considerando que cada prestación equivale al 70% de una jubilación mínima. La ANDIS estima que el desvío anual por irregularidades en pensiones por invalidez laboral podría alcanzar los 1.000 millones de dólares.

Adorni señaló que hasta el momento el 60% de los beneficiarios no presentó la documentación requerida, lo que refleja dificultades en la identificación de domicilios y evidencia un proceso de auditoría incompleto.

Crecimiento histórico de las pensiones

Entre 1999 y 2003, las pensiones se mantenían en torno a 80.000 beneficiarios. Sin embargo, entre 2005 y 2015, la cifra aumentó un 1.225%, llegando a más de un millón de pensiones. Adorni comparó la proporción de beneficiarios con la de Israel, país que enfrenta conflictos bélicos permanentes, y cuestionó el crecimiento de las pensiones en Argentina sin desastres naturales ni guerras.

Veto presidencial y Ley de Emergencia en Discapacidad

Mientras se desarrolla este operativo, continúa el debate político sobre el veto presidencial a la Ley de Emergencia de Discapacidad, que busca actualizar aranceles, regularizar pagos y reformar el sistema de pensiones no contributivas. La legislación vigente aplica hasta el 31 de diciembre de 2027 e incluye cambios en el manejo de la ANDIS.