A partir de una nueva normativa impulsada por el Ministerio de Salud de Mendoza, los padres, tutores o cuidadores que se nieguen a vacunar a sus hijos enfrentarán multas de hasta $336.000, arrestos de hasta cinco días o la obligación de cumplir trabajos comunitarios.

La medida busca reforzar el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio, contemplado por ley, y pone el foco en la responsabilidad del Estado de garantizar ese derecho, más allá de la voluntad individual.

Un protocolo claro: denuncias, plazos y consecuencias

El nuevo esquema establece un protocolo de actuación que involucra tanto al sistema de salud como al ámbito educativo. Si se detecta el incumplimiento del calendario, se dará un plazo de 30 días para completar la vacunación en otro centro asistencial.

En caso de persistir la negativa, se notificará al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y se podrá avanzar con una denuncia ante la autoridad judicial, municipal o policial.

La obligación de denunciar recae también sobre personal de escuelas y trabajadores de la salud, tanto públicos como privados, quienes deberán informar cualquier caso de incumplimiento, tal como establece el artículo 119 del Código Contravencional de la provincia.

Registro de datos y seguimiento municipal

Además de las sanciones, la normativa prevé que los datos vinculados a estas denuncias sean registrados por los municipios, con el objetivo de realizar estudios estadísticos sobre el estado de vacunación en la población infantil.