El fiscal federal Guillermo Marijuan abrió una investigación contra el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por un supuesto intento de desplazar arbitrariamente al Consejo Directivo del Hospital Garrahan, luego de que este órgano autorizara el pago de un bono al personal sin consultar previamente con la cartera nacional.

La denuncia fue presentada por Elisa Carrió y la diputada Marcela Campagnoli, quienes acusaron a Lugones de actuar "en forma arbitraria y contraria a la normativa vigente", al exigir la renuncia de todos los integrantes del Consejo en octubre de 2024.

El origen del conflicto: un bono al personal

Según las denunciantes, el Consejo Directivo aprobó la entrega de un bono extraordinario con fondos propios, provenientes de una partida que históricamente gestiona de forma autónoma. La decisión fue tomada en el marco de una crisis salarial en el hospital pediátrico más importante del país, y sin consulta previa al Ministerio de Salud.

Carrió argumenta que Lugones habría reaccionado con una maniobra de presión política, exigiendo la renuncia de todo el Consejo como represalia por haber actuado sin su autorización.

La denuncia: abuso de autoridad

La presentación judicial se centra en el presunto delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En respuesta, Marijuan impulsó la causa y solicitó una serie de medidas de prueba:

• Un organigrama completo del Hospital Garrahan, con identificación de autoridades, funciones y dependencias.

• Un informe detallado sobre la integración del Consejo de Administración antes y después de octubre de 2024.

• Copias de las resoluciones relacionadas con la autorización y pago del bono que motivó el conflicto.

Contexto: tensiones políticas en medio del conflicto con los residentes

La investigación se da en un clima ya tenso entre el Gobierno y los trabajadores del Garrahan. En las últimas semanas, los médicos residentes realizaron múltiples protestas por mejoras salariales, lo que llevó al hospital a anunciar un incremento de haberes a partir de julio. No obstante, los residentes denuncian falta de diálogo formal y rechazan los intentos de vincular su reclamo a intereses políticos.

Esta nueva causa judicial pone el foco en el manejo político del hospital y el posible intento del Poder Ejecutivo de intervenir en la autonomía administrativa de una institución cogestionada entre Nación y Ciudad de Buenos Aires.