El barrio de Los Pocitos, en Tucumán, está atravesando una crisis ambiental y sanitaria de proporciones alarmantes. Desde hace años, vecinos denuncian estar expuestos a PCB (bifenilos policlorados), una sustancia altamente tóxica prohibida en Argentina desde 2002. El caso más emblemático es el de Mirta Abdala, una vecina que desde 2012 lleva adelante una batalla legal y social para exponer lo que denomina un "envenenamiento sistemático" por parte de las empresas EDET y TRANSNOA.

En los últimos días, la causa cobró nuevo impulso gracias a la intervención del diputado nacional Carlos Cisneros, quien visitó la zona junto a un equipo de abogados peritos y ex funcionarios del Ministerio de Energia de la Nación. "Vamos a ir hasta las últimas consecuencias", expresó el abogado Patricio Char, uno de los profesionales que representa a los vecinos afectados.

Char reveló que más del 50% de los habitantes de Los Pocitos padecen enfermedades compatibles con la exposición al PCB: tumores, cánceres, retrasos madurativos y problemas neurológicos. 

En el caso de Mirta, un análisis realizado en la Universidad de Buenos Aires arrojó resultado positivo de PCB en sangre, después de que estudios en Tucumán dieran falsos negativos.

Carlos Cisneros pidió ir a fondo: "Esto no puede quedar impune"

Durante la visita el Diputado Nacional Carlos Cisneros, se reunió con vecinos, escuchó testimonios estremecedores y se comprometió a impulsar denuncias penales y federales. También pidió que se garantice el derecho constitucional a un ambiente sano, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

"El diputado está decidido a llegar hasta el fondo del asunto. Quiere que se garantice que ya no haya PCB en los transformadores y, si lo hay, que los responsables vayan presos", aseguró el abogado Char. Recordó además que la ley nacional establece penas de hasta 15 años de prisión para los responsables de delitos ambientales con consecuencias graves para la salud.

Cisneros, también busca que se determine con precisión cuándo ocurrió el hecho, si se trata de un delito continuado y si hay más barrios afectados por la misma problemática. El parlamentario también apuntó contra la falta de acción del ERSEPT, el organismo encargado del control de las empresas eléctricas en Tucumán.

¿Por qué la justicia archivó la causa?

Uno de los puntos más cuestionados es el archivo de la causa judicial original, que contaba con pruebas concretas del daño ambiental. Según Char, fue archivada a pesar de que el propio ECIF (Equipo Científico del Ministerio Público Fiscal) había confirmado enfermedades compatibles con PCB en más de 280 familias.

"Es una decisión que no tiene fundamento legal", denunció Char, y explicó que ahora buscan generar nuevas denuncias y testimonios para que la causa sea reabierta. También advirtió que, de no encontrar respuesta en la justicia provincial, recurrirán a la Justicia Federal bajo la Ley de Residuos Peligrosos.

El rol de Mirta: una vecina que se convirtió en investigadora

La figura de Mirta Abdala se convirtió en símbolo de la lucha vecinal. Desde la explosión del transformador frente a su casa en 2012, documentó casos, se capacitó y armó carpetas con informes médicos y denuncias. "No puede bañarse, no puede usar shampoo, ni desodorante. Su vida cambió por completo", relató Char.

Mirta detectó el vínculo entre la exposición al PCB y enfermedades en el barrio, y fue ella quien impulsó la investigación inicial. En su casa, el living está repleto de carpetas con documentación, informes médicos y resultados de pericias.

"Es increíble que una ciudadana común haya investigado todo esto, mientras el Estado y las empresas miraban para otro lado", reflexionó Char, quien además remarcó que no solo EDET y TRANSNOA están bajo la lupa, sino también funcionarios del gobierno provincial, el ERSEPT y la justicia misma, por su inacción.

Lo que se viene: pericias, denuncias y causas federales

El equipo de abogados busca ahora que se realicen nuevas pericias para verificar si aún hay transformadores con PCB, a pesar de que EDET aseguró en 2007 que ya no usaba esa sustancia. La explosión que afectó a Mirta ocurrió en 2012, dos años después del plazo legal que las empresas tenían para eliminar el PCB.

"Vamos a buscar que se haga justicia y que haya condenas penales, pero también reparación a las víctimas", advirtió Char. Y agregó que si se confirma la continuidad del daño ambiental, los nuevos dueños de EDET también deberán responder.