Contaminación ambiental: la Justicia calla mientras crece la indignación vecinal en Los Pocitos

Dos fiscalías tienen en sus manos denuncias por contaminación ambiental con PCB en Los Pocitos, pero ninguna avanza. Abogados y vecinos advierten que el silencio judicial es una forma de encubrimiento y vulnera derechos fundamentales.

En Los Pocitos, la contaminación con PCB -una sustancia tóxica prohibida en todo el país desde hace décadas- sigue siendo una amenaza para cientos de familias. Lo más grave: la Justicia mantiene un silencio que ya lleva años.

Por un lado, la Fiscalía Conclusional de Delitos Complejos, a cargo de Carlos Gonzalo Rodríguez, tiene desde 2019 la denuncia iniciada por Mirta Abdala contra EDET S.A. y Transnoa S.A.. El 23 de julio de este año, los abogados de la víctima pidieron el desarchivo del expediente y la producción de pruebas ambientales y toxicológicas. Pasó más de un mes y la Fiscalía no dictó ni un solo decreto.

 Fiscal Carlos Gonzalo Rodríguez

 Fiscal Carlos Gonzalo Rodríguez

Por otro lado, la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, a cargo de Daniel Sosa Piñeiro, ex interventor del IPLA , recibió este año una nueva denuncia de vecinos con hechos actuales y relevamientos recientes. Aun así, tampoco hay avances visibles.

 Fiscal Daniel Sosa Piñeiro

 Fiscal Daniel Sosa Piñeiro

Oposición por silencio fiscal

Ante la falta de respuesta, los abogados Patricio Char y Franco Venditti presentaron un escrito de oposición ante el silencio fiscal donde señalan que la inacción vulnera:

- El derecho constitucional a un ambiente sano (art. 41 CN).

- El principio precautorio ambiental (Ley 25.675), que ordena actuar incluso ante la duda.

- La obligación del Ministerio Público de ejercer la acción penal y dirigir la investigación (art. 71 CPP Tucumán).

"El silencio superior a un mes constituye un rechazo tácito contrario a derecho" , sostienen en el documento, que pide al Juzgado declarar la ilegalidad de la inacción fiscal y ordenar medidas urgentes.

Una Justicia que mira para otro lado

Para los vecinos, lo que ocurre en Los Pocitos es una muestra de indiferencia institucional:

"Mientras la Justicia calla, las familias siguen expuestas a una sustancia prohibida y altamente peligrosa. El derecho a un ambiente sano no puede esperar indefinidamente en un cajón" , remarcaron.

El caso PCB en Los Pocitos ya lleva años de denuncias, reclamos y estudios científicos que advierten sobre la gravedad de la contaminación. Ahora, con dos fiscalías en juego y cero avances, la desconfianza y la indignación crecen.

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