La SIGEN (Sindicatura General de la Nación) ha intensificado el enfrentamiento con la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitando a la Justicia que obligue a la casa de estudios a rendir cuentas mediante la presentación de facturas y documentos sobre el uso de los fondos públicos transferidos desde el Tesoro Nacional. 

La contrademanda, presentada por el titular de la SIGEN, Miguel Blanco, con apoyo del Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra, aclara que la auditoría no afectará la autonomía académica ni la designación de autoridades, centrándose únicamente en el uso de recursos públicos.

Mientras la UBA solicita una medida cautelar para evitar la auditoría, la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) ha aceptado la supervisión de la SIGEN sin objeciones, estableciendo un plan de trabajo en conjunto.

Autonomía universitaria en debate

La disputa central no solo implica quién debe auditar a las universidades -si la SIGEN, la Auditoría General de la Nación (AGN), o ambas-, sino si las universidades son plenamente autónomas y autárquicas al recibir fondos nacionales. Este conflicto podría llevarse a la Corte Suprema, con la UBA defendiendo su autonomía en base a la Constitución, que consagra estos derechos en el artículo 75, inciso 19.

El contexto del conflicto se agrava con la reciente decisión del gobierno de Milei de vetar la ley de financiamiento universitario, y el rol histórico de la autonomía universitaria desde la Reforma Universitaria de 1918. La resolución de este caso sentará precedentes en el ámbito de la administración y fiscalización de fondos en universidades públicas del país.