En medio del debate por el Presupuesto nacional, la Unión Argentina de Salud (UAS) encendió una señal de alarma sobre el futuro del sistema sanitario privado. A través de un comunicado, la entidad advirtió que poner fin a la Emergencia Sanitaria podría provocar el cierre de cientos de prestadores y poner en riesgo a más de un millón de trabajadores del sector.

La preocupación surge tras la media sanción en la Cámara de Diputados y en la antesala del tratamiento del proyecto en el Senado. Según la UAS, la eliminación de artículos clave del Presupuesto dejaría al sistema de salud privada en una situación de extrema vulnerabilidad a partir de 2026.

El impacto de eliminar la Emergencia Sanitaria

La UAS, integrada por 17 cámaras que representan a clínicas, sanatorios, laboratorios, empresas de emergencias médicas y otros prestadores, cuestionó especialmente la eliminación del Capítulo XI, artículo 78 del proyecto de Presupuesto.

Ese apartado contemplaba, entre otros puntos, la prórroga de la Emergencia Sanitaria Nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, un régimen vigente desde 2001. Desde el sector explican que su continuidad responde a un problema estructural no resuelto: precios atrasados, costos crecientes y falta de actualización real del financiamiento.

Según advirtió la entidad, lo aprobado en Diputados "deja en situación de extrema vulnerabilidad a más de 5.000 instituciones, que emplean a más de 1 millón de personas con trabajo registrado, entre clínicas, sanatorios, centros de diagnóstico y establecimientos asistenciales".

Riesgo de embargos y pedido urgente al Ejecutivo

Otro de los puntos centrales del reclamo es la prórroga del régimen de inembargabilidad, que protege a las instituciones de salud frente a ejecuciones fiscales. La UAS sostuvo que, sin esa herramienta, embargos sobre cuentas y activos esenciales podrían paralizar la atención médica.

"El sector considera urgente el dictado de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que prorrogue explícitamente el régimen de inembargabilidad", señaló la entidad presidida por Hugo Magonza, titular del Cemic.

Desde la organización aclararon que esta medida no implica una condonación de deudas, sino un resguardo transitorio para proteger el interés público y garantizar la continuidad de servicios críticos.

La advertencia del sector sobre empleo y sostenibilidad

Consultado sobre la situación actual, Magonza explicó que las instituciones arrastran deudas fiscales vinculadas a aportes y contribuciones, acumuladas en un contexto de crisis económica prolongada, atraso arancelario y aumento sostenido de costos operativos.

Según detalló, este escenario compromete tanto la continuidad de los prestadores como la estabilidad laboral en uno de los sectores con mayor nivel de empleo formal del país. A esto se suma, advirtió, una creciente litigiosidad laboral, que incrementa la incertidumbre y agrava el deterioro económico del sistema.

"La salud no puede tratarse como una actividad más"

En el cierre del comunicado, la Unión Argentina de Salud remarcó que "la salud no debe ser tratada como una actividad económica más" y reclamó decisiones urgentes que contemplen la realidad financiera del sector.

"La continuidad del sistema sanitario requiere previsibilidad, protección normativa y un cambio normativo integral que reconozca las particularidades del sistema de salud y garantice su sostenibilidad en el tiempo", concluyó la entidad.