La reforma laboral impulsada por el Gobierno podría significar una pérdida fiscal de 9.900 millones de dólares anuales, equivalente al 1,5% del PBI, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Para dimensionar, esta cifra es casi igual al superávit comercial de 2025 y coincide con la meta de reservas del Banco Central para 2026.

Especialistas señalan que, lejos de fortalecer el empleo o la inversión, la reforma actúa como un amplio paquete de alivio tributario para empresas, debilitando la capacidad del Estado de financiar políticas públicas esenciales y la seguridad social.

Las medidas que disparan la pérdida fiscal

Los principales impactos provienen de rebajas tributarias y contribuciones empresariales:

• Actualización por inflación de los quebrantos empresariales: 2.500 millones de dólares. Permite que empresas compensen pérdidas de años anteriores, disminuyendo el impuesto a pagar sin afectar a sus ganancias futuras.

• Reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades: grandes empresas pasarían de pagar 35% a 31,5%, pequeñas del 30% al 27%, generando una pérdida de 2.300 millones y afectando la coparticipación provincial.

• Disminución de contribuciones patronales: del 20,4% al 17,4% en servicios y del 18% al 15% en otros sectores, con un costo de 2.070 millones.

• Creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL): financiado por 3 puntos de la masa salarial de las empresas, con un gasto de 2.000 millones, que termina siendo neutral respecto de la rebaja a los aportes patronales.

En conjunto, estas medidas configuran un fuerte desfinanciamiento del Estado sin garantías de aumento en empleo formal o inversión productiva.

Sindicatos y organizaciones alertan retrocesos históricos

Desde la Aefip y el sindicato de trabajadores del ARCA advierten que la reforma es regresiva, reduce derechos y desfinancia a la Anses, afectando jubilados y beneficiarios de la AUH.

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, que agrupa a más de 100 organizaciones de Latinoamérica, sostiene que el proyecto "llevará el derecho laboral al siglo XIX" y anunció acciones de resistencia en todo el país, incluyendo reuniones con gobernadores y legisladores, y denuncias internacionales.

Alternativa posible: modernización progresiva

El CEPA plantea que es posible modernizar el mercado laboral sin desfinanciar al Estado ni recortar derechos. Entre sus nueve propuestas se destacan:

1. Paritarias libres sin limitaciones.

2. Actualización del salario mínimo vital y móvil.

3. Cobertura por maternidad/paternidad y aguinaldo para monotributistas.

4. Ampliación de derechos para trabajadores de plataformas digitales.

5. Participación del salario en las ganancias empresarias.

6. Reducción progresiva de jornada laboral a 40 horas semanales.

7. Licencias parentales y marentales ampliadas.

8. Comités de seguridad, higiene y salud mental.

9. Reducción de aportes para pymes que amplíen su nómina.

Estas medidas, según los expertos, permitirían un equilibrio real entre derechos laborales, sostenibilidad fiscal y estímulo a la inversión, algo que la reforma vigente no garantiza.

¿Modernización o retroceso? 

 Lo que el Gobierno presenta como una "modernización laboral" podría convertirse en un duro retroceso para los trabajadores, mientras genera un agujero fiscal que equivale a casi todo el superávit comercial de Argentina. El debate se abrirá en el Congreso durante las sesiones extraordinarias, con sindicatos y organizaciones sociales movilizados para frenar lo que califican como un proyecto regresivo y perjudicial para el país.