El gobierno de Osvaldo Jaldo emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con la finalidad de otorgar a Canal 10 una suma superior a los $107 millones para no perder las acciones que el Estado provincial mantiene, en conjunto con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que los convierten en accionistas mayoritarios de la televisora.

Según informó Tendencias de Noticias, de acuerdo al instrumento legal 3/3 del Ministerio de Economía y Producción publicado en el Boletín Oficial y al que accedió Tendencia de Noticias, esta cesión de recursos solo será posible si se exceptúa a Canal 10 de las disposiciones establecidas en el artículo 204 de la Ley N° 6.970- Ley de Administración Financiera-, donde se consigna que "se prohíbe a las entidades del sector público realizar aportes o transferencias a empresas y sociedades del Estado cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de esta Ley, requisito que también será imprescindible para realizar operaciones de crédito público".

El DNU, que fue elevado a la Legislatura para su tratamiento "con la premura que el caso requiere", remarca que el Síndico Titular por el Superior Gobierno de la Provincia de las Acciones Clase "A" de la Televisora de Tucumán SAPEM (LW83 - Canal 10), puso en conocimiento lo resuelto por el Honorable Consejo Superior de la UNT, donde "se aprobó una asistencia financiera a favor de la citada Televisora, por un monto total de $249.803.208, en concepto de aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital, para solventar el flujo extraordinario del mes de diciembre de 2024 y cancelación de pasivos".

Aportes compartidos

En tal sentido, se recalca que "A fin de mantener su proporción accionaria, en caso de materializarse un aumento del capital social, la provincia debería realizar un aporte de similares condiciones en su carácter de Accionista de Clase 'A', el cual debería ascender a la suma de $107.058.517,71". Por lo que el aporte irrevocable ascendería a un total de $356.861.725,71, siendo las proporciones de un 70% de la UNT y un 30% del Gobierno provincial.

En razón de los recursos que debe aportar el Estado tucumano, el Decreto sostiene que "a efectos de la procedencia del aporte gestionado, sería necesario el dictado de una ley que exceptúe a Canal 10 de las disposiciones" de la Ley de Administración Financiera.

En tal sentido, y a modo de justificar el dictado del DNU, el jaldismo postuló que "ante la necesidad de integrar el aporte solicitado a fin de que la Provincia mantenga su proporción como accionista de clase 'A' y, en tanto el instrumento que se propicia (DNU) no involucra materia tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos reservadas al Poder Legislativo, resultarían acreditadas las circunstancias excepcionales que impiden seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes", reza la normativa que fue rubricada, además de Jaldo, por los ministros Daniel Abad (Economía y Producción); Regino Amado (Gobierno y Justicia); Federico Masso (Desarrollo Social); Marcelo Nazur (Obras y Servicios Públicos); Susana Montaldo (Educación); Luis Medina Ruíz (Salud); Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Darío Monteros (Interior).