El veto total del presidente Javier Milei a tres leyes clave -aumento a jubilados, reinstauración de la moratoria previsional y emergencia en discapacidad- generó una fuerte reacción de la oposición, que salió a cuestionar en bloque la decisión del Ejecutivo.

Desde Unión por la Patria, Martín Soria advirtió que "el peronismo votará para rechazar este atropello", acusando al Gobierno de ajustar a los sectores más vulnerables para sostener el modelo financiero de Caputo y Sturzenegger.

La diputada oficialista Rocío Bonacci, a pesar de admitir su incomodidad con el veto a la emergencia en discapacidad, confirmó que acompañará la medida por lealtad al espacio.

fuertes acusaciones contra el Gobierno

Victoria Tolosa Paz fue contundente al calificar el modelo de Milei como "ajuste, entrega y represión", y llamó al Congreso a "ponerle un freno a la crueldad". También denunció que "es mentira que no hay plata" y señaló el impacto negativo de las políticas económicas actuales.

Anabel Fernández Sagasti sumó su voz y pidió "frenar a Milei en las urnas", señalando que mientras se niega un aumento a los jubilados, el Gobierno recibe fondos millonarios del FMI.

Mayra Mendoza fue más allá y acusó al oficialismo de espiar a dirigentes opositores utilizando fondos reservados de inteligencia. Citó una investigación del periodista Hugo Alconada Mon que señala que la SIDE redacta informes sobre actividades políticas y sociales. "Este gobierno es cruel e insensible", sentenció, y pidió convocar a la Comisión Bicameral de Inteligencia.

También la izquierda y el socialismo alzaron la voz

Desde el Frente de Izquierda, el diputado Alejandro Vilca denunció que Milei gobierna "para los ricos", y contrastó el recorte a los jubilados con la baja de impuestos a grandes empresarios del agro.

En sintonía, el socialista Esteban Paulón consideró que el veto demuestra que "más cruel no se consigue", y exigió frenar el ajuste desde el Congreso.

Con el Congreso Nacional como próximo escenario de debate, la oposición se prepara para intentar revertir el veto presidencial y frenar una política que -según advierten- perjudica a los sectores más vulnerables del país.