La muerte de una chica trans en Salta conmociona a toda una comunidad
Horas después de ser encarcelada, la joven salteña fue internada con signos de ahorcamiento.
Pasaron dos semanas de la muerte de Fernanda, una joven trans hallada ahorcada dentro de una celda de la Comisaría 2 de la ciudad Rosario de Lerma en Salta. Familiares, vecinos y organizaciones de derechos humanos encabezaron durante el miércoles una marcha en reclamo de justicia. Fue una movilización que recorrió las calles del pueblo del Valle de Lerma y volvió a exponer las fuertes sospechas de violencia institucional que rodean el caso.
Fernanda, de 34 años, había sido detenida el miércoles 26 de noviembre cerca de las 20.30 en el Parque Evita. Según la versión policial, se la arrestó por consumir alcohol en la vía pública y negarse a identificarse.
Menos de dos horas después del arresto murió en custodia. Desde la comisaría informaron que habría intentado quitarse la vida utilizando su propia remera y alrededor de las 22 horas, el personal del hospital confirmó el fallecimiento.
La comunidad de Fernanda niegan la explicación de la muerte
La familia y los colectivos travesti-trans rechazan la explicación oficial. Sostienen que se trató de un hecho de enorme gravedad y que la muerte de Fernanda no puede ser presentada como un hecho aislado, tampoco como un suicidio sin más.
Durante la concentración realizada en el Parque Evita, afirmaron que se trató de un caso de violencia institucional ejercida por fuerzas estatales y responsabilizaron a la unidad policial donde permanecía detenida.
Los principales pedidos tras la manifestación
La causa continúa en investigación y se espera resoluciones para los próximos días que permitan precisar que es lo que ocurrió dentro de la institución. La comunidad exige que se esclarezcan las circunstancias de la detención, el estado en que se encontraba Fernanda al ingresar a la celda y los controles que debieron haberse aplicado durante su permanencia bajo custodia.
Familiares y allegados reiteraron que no descansarán hasta conocer la verdad y que exigirán responsabilidades institucionales si se confirma que la muerte de la joven se produjo en un contexto de negligencia o abuso estatal.