Tucumán volvió a estar en el centro de la polémica nacional tras una decisión judicial que prohíbe durante seis meses al medio local Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y a sus periodistas difundir contenidos que "injurien, desacrediten, tergiversen o distorsionen" la actuación de fiscales y jueces provinciales. La resolución, solicitada por el fiscal general Edmundo "Pirincho" Jiménez y firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, implica una censura preventiva que afecta la libertad de prensa, algo que juristas y organizaciones de medios califican como inconstitucional.

La medida incluso instruye notificar al ENACOM, ampliando su alcance y dejando claro que no se trata de un caso puntual, sino de una prohibición anticipada sobre toda comunicación futura que involucre al Poder Judicial tucumano.

Repudio transversal

La reacción fue inmediata: desde el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) hasta la Asociación de Prensa de Tucumán (APT), legisladores, universidades y organismos de derechos humanos coincidieron en que la resolución vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa.

La censura generó alarma por su similitud con métodos autoritarios: impedir la publicación antes de que suceda un hecho. En medios locales y nacionales se multiplicaron comunicados de rechazo, destacando que la medida no solo afecta a un medio, sino que socava el derecho de la sociedad a recibir información veraz e independiente.

"Pirincho" y el poder judicial en Tucumán

El fallo tiene lugar en el marco del poder acumulado por Edmundo Jiménez, fiscal general del Ministerio Público Fiscal tucumano, conocido como "Pirincho". Su influencia se remonta al gobierno de José Alperovich, donde fue ministro de Gobierno y Justicia y consolidó un control sobre designaciones judiciales. Legisladores y expertos señalan que Jiménez construyó una estructura de poder que condiciona nombramientos, traslados y resoluciones, generando críticas sobre la independencia del Poder Judicial.

El reciente pedido de censura se da justo después de que en Enterate Play 90.5 se difundiera informes críticos sobre irregularidades y favoritismos dentro del MPF, dejando en evidencia un intento de silenciar a los medios y evitar el escrutinio público.

Un impacto nacional

El repudio se extendió a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. Diputados provinciales calificaron la medida como un "retroceso institucional sin precedentes desde 1983", y legisladores nacionales solicitaron informes a organismos de control para garantizar el respeto a la libertad de prensa.

Académicos y juristas recuerdan que la censura previa está expresamente prohibida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que solo pueden aplicarse sanciones después de una publicación, nunca antes.