La Justicia federal desestimó la demanda presentada por la familia de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo, contra el presidente Javier Milei. El reclamo buscaba que se ordenara la eliminación de un tuit en el que el mandatario lo asociaba con "los kukas", pero el juez Alberto Recondo consideró que Milei actuó dentro de su derecho a la libertad de expresión y no desde su rol institucional.

Un tuit polémico, pero no institucional

La defensa de Milei argumentó que el posteo, realizado desde su cuenta personal verificada en la red social X, no constituye una comunicación oficial del gobierno. El juez coincidió y explicó que, aunque se trate del Presidente, el uso de redes sociales puede ser personal o institucional dependiendo del contexto.

La defensa de Milei argumentó que el posteo, realizado desde su cuenta personal verificada en la red social X, no constituye una comunicación oficial del gobierno. El juez coincidió y explicó que, aunque se trate del Presidente, el uso de redes sociales puede ser personal o institucional dependiendo del contexto.

Recondo subrayó que el tuit cuestionado -un simple reposteo- no puede interpretarse como un acto estatal ni como un ataque directo a Moche. Afirmó que el mensaje estaba dirigido al periodista Paulino Rodrigues, no al menor.

Libertad de expresión y figura pública

En su fallo, el magistrado citó jurisprudencia internacional para sostener que los funcionarios públicos no pierden sus derechos como ciudadanos al asumir un cargo. Recondo sostuvo que Milei, en este caso, ejerció su libertad de expresión como individuo.

También remarcó que Ian Moche, por decisión propia y familiar, adoptó un rol de figura pública, exponiéndose así al debate social. A pesar de su edad y diagnóstico, el juez valoró su capacidad para presentarse autónomamente en el juicio.

Fallo criticado y apelación en marcha

Además de rechazar la demanda, Recondo impuso las costas del proceso a la madre de Ian, Marlene Spesso. El abogado de la familia, Andrés Gil Domínguez, anticipó que apelará la decisión y calificó el fallo como "un escándalo jurídico" y "justicia militante".

La causa ahora será revisada por la Cámara Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de La Plata.