Esta semana comenzó una nueva etapa en la gestión final de residuos sólidos urbanos del Gran San Miguel de Tucumán. El Consorcio Metropolitano (Girsu) oficializó la entrada en funciones de la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Esur SA y Ciageser SA, tras la finalización del contrato con Moviser SA, que había prestado el servicio durante los últimos 13 años.

La transición estuvo acompañada por un fallo clave: la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó la medida cautelar solicitada por Moviser para frenar la adjudicación. La jueza María Florencia Casas desestimó el pedido al considerar que no se cumplía con el requisito de "verosimilitud del derecho" necesario para frenar el proceso de contratación.

La Justicia no encontró fundamentos suficientes para frenar el cambio

En su resolución, la jueza indicó que no había evidencia suficiente para otorgar la medida precautoria y que los planteos de Moviser -como la supuesta falta de representación de Gastón Iturrieta, firmante de la propuesta de la UTE, y la falta de inscripción en el Registro Público de Comercio- no justificaban la suspensión del proceso.

Además, la oferta de la nueva UTE fue notablemente inferior: $68.142 millones por cinco años, frente a los $103.968 millones propuestos por Moviser SA. El contrato con la nueva prestataria fue oficializado el 28 de marzo, y su operación en las plantas de San Felipe y Overo Pozo comenzó tras vencer el vínculo anterior el 30 de abril.