El juzgado Criminal y Correccional Federal 7 confirmó hoy la recepción de un informe del Ministerio de Seguridad sobre el protocolo antipiquete y, en consecuencia, solicitó que se "ajuste la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos" por la Constitución Nacional y los estándares internacionales de derechos humanos.

El juez federal Sebastián Casanello confirmó haber recibido un informe requerido recientemente al ministerio dirigido por Patricia Bullrich para que explicara los "fundamentos jurídicos" del protocolo y si se consultó a la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

Este pedido surgió como respuesta a una acción de "inconstitucionalidad" presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro, el pasado 18 de diciembre. Fierro argumentó que la iniciativa que prohíbe cortar calles y rutas durante protestas "amenaza derechos políticos".

Casanello señaló que el Ministerio de Seguridad explicó cómo llegó a dictar la resolución impugnada, sus fundamentos y la normativa en la que se basó, pero indicó que no se consultaron a otros organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil ni organismos internacionales.

El juez afirmó que, frente a este panorama, se dan las condiciones para dictar una medida cautelar que proteja los derechos y libertades democráticas fundamentales. Sin embargo, aclaró que la decisión no tendrá, por el momento, el alcance pretendido en la demanda de declaración de inconstitucionalidad.

El juez convocó a una audiencia de habeas corpus para el próximo 14 de febrero a las 11:00 h, en la que se espera la comparecencia de un representante del Ministerio de Seguridad de la Nación, las demandantes y la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10.