La Cámara Nacional Electoral ha confirmado el procesamiento de los tres individuos acusados de amenazar a Sergio Massa y a su familia en redes sociales durante la campaña electoral del 2023. La investigación fue a raíz de la denuncia presentada por Malena Galmarini, esposa de Massa.

Amenazas en Redes Sociales contra la familia de Sergio Massa

Durante la campaña electoral de 2023, el hijo de Massa, Tomás, y su círculo cercano recibieron mensajes amenazantes a través de Instagram, provenientes de las cuentas "edencomoelpatio" y "mauriimendoza4". La jueza María Servini, tras un exhaustivo análisis por parte de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, ordenó el procesamiento de Mauricio Freddy Mendoza Michel, Camila Abigail Rojas Girón y Franco Martín Zamudio.

Según la resolución, los mensajes fueron catalogados como amenazas coactivas, aunque se descartó que tuvieran el objetivo de conseguir concesiones políticas. Esta decisión se basa en la insuficiencia de pruebas que respaldan dicho agravante.

Decisión Judicial y Protección a la Familia Massa

El tribunal decidió mantener el procesamiento sin prisión preventiva, otorgando además medidas de protección adicionales a la familia Massa. Se destacó que, aunque la tipificación de amenazas coactivas agravadas no fue completamente sustentada, sí se acreditó la materialidad de los hechos delictivos y la responsabilidad de los imputados.

El fallo subrayó que los mensajes en cuestión no eran meras reacciones a publicaciones ajenas, sino comunicaciones directas de los acusados, lo que les otorga un carácter más serio y condenatorio.

Implicaciones Legales y Reacción de la Defensa

La defensa de los sospechosos argumentó que las amenazas no cumplían con el "estándar de seriedad" necesario para calificar el delito. Sin embargo, la Cámara Electoral desestimó estos argumentos, reforzando la importancia de la seguridad en el ámbito político y familiar.

Este caso pone de manifiesto la creciente preocupación por la violencia en el entorno digital y su impacto en la vida pública, especialmente en períodos de elecciones. La justicia se mantiene atenta a este tipo de incidentes que no solo afectan a las personas implicadas, sino también a la integridad del proceso democrático.