La Justicia del Reino Unido dispuso que la Argentina deberá revelar información financiera y contractual vinculada a activos en el extranjero, en el marco del litigio por los bonos conocidos como Cupones PBI. La medida busca identificar bienes que puedan ser embargados para hacer efectivo el fallo que condenó al país a pagar 1.330 millones de euros más intereses.

La orden fue emitida por el Tribunal Superior de Londres dentro del proceso de "discovery", un procedimiento que permite a los acreedores rastrear activos para ejecutar la sentencia.

Qué debe informar la Argentina

Según trascendió, el Gobierno deberá aportar detalles sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias en el exterior, entre otros ítems.

El reclamo fue impulsado por los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que demandaron al país por la modificación en 2013 de la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI). Esa decisión redujo los pagos vinculados a los bonos atados al crecimiento emitidos en los canjes de deuda de 2005 y 2010.

En 2023, la Justicia británica condenó a la Argentina a abonar el equivalente a unos USD 1.500 millones. En febrero de 2025, los demandantes ya ejecutaron una garantía por 313 millones de euros que el país había depositado para apelar el fallo. Aún resta cancelar cerca de 1.000 millones de euros.

El origen del conflicto por los Cupones PBI

El instrumento atado al PBI fue creado en 2005 durante el canje de deuda liderado por Roberto Lavagna. Establecía pagos adicionales a los bonistas si el crecimiento anual superaba el 3% hasta 2035.

En 2013, el Indec modificó la base de cálculo del PBI y reportó un crecimiento del 3,2%, por debajo del umbral requerido para activar el pago. Con esa decisión, el Gobierno de Cristina Kirchner evitó desembolsos millonarios, lo que derivó en la demanda de los fondos internacionales.

Los acreedores sostienen que la Argentina no coopera con las medidas destinadas a ejecutar la deuda judicial ni abona los intereses acumulados. Además, remarcan que el país deberá resolver sus atrasos externos antes de intentar regresar a los mercados internacionales de crédito.

Con esta nueva orden judicial, el conflicto suma un capítulo clave que podría exponer activos argentinos en el exterior y reactivar el debate sobre la estrategia legal y financiera del Gobierno frente a los litigios internacionales.