La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió no avanzar, al menos de manera inmediata, con la recomendación al Gobierno de Javier Milei para designar un veedor oficial que supervise las cuentas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Según explicaron fuentes del organismo, la decisión se tomó porque la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia comenzó a responder a los requerimientos y a abrir la información contable que había sido objetada. "La AFA empezó a dar respuesta, abriendo las cuentas del balance", señalaron desde la IGJ.

La advertencia sigue latente: todo depende del análisis de la documentación

Pese al gesto de distensión, en la IGJ aclararon que la situación no está cerrada. La documentación presentada será analizada en detalle y, si se detectan inconsistencias o faltantes, la designación de un veedor podría retomarse más adelante.

"Hay que estudiar cuánto informaron y si hay datos que no fueron aportados", remarcaron desde el organismo, al tiempo que indicaron que el proceso de revisión llevará varios días. Por ahora, sostienen que si la AFA abandonó su postura resistente y cumplió con la intimación, no hay fundamentos para una veeduría inmediata.

Audiencias clave y balances bajo la lupa

La definición fue adoptada por el inspector general Daniel Vítolo luego de una serie de audiencias con los contadores de la AFA y de la Liga Profesional, en el marco de la revisión de los estados contables correspondientes a los ejercicios entre 2017 y 2024.

Ante la IGJ declararon Claudia Carraro (balance 2017), Umberto Mucelli (2018 a 2021) y Claudio Bisurgi (2022 a 2024). Desde el organismo destacaron la actitud "colaborativa" de los auditores y subrayaron que brindaron explicaciones sobre los números y los procedimientos utilizados.

En particular, el balance cerrado el 30 de junio de 2024 mostró cambios relevantes: la AFA desagregó partidas que antes figuraban de manera global y que habían sido motivo de observaciones.

UNAFA, cambio de jurisdicción y tensión política

En paralelo, la AFA tiene plazo hasta el martes 20 de enero para responder sobre la existencia de la Universidad de la AFA (UNAFA) y el destino de los fondos destinados a su funcionamiento.

Vítolo también intentó bajar la tensión por el cambio de jurisdicción de la AFA, que trasladó su domicilio legal de la Ciudad de Buenos Aires a la provincia. Aclaró que la IGJ no busca retener a la entidad bajo su órbita, pero advirtió que el traspaso debe cumplir con los requisitos legales.

Además, negó que exista una imputación penal impulsada por la IGJ contra Tapia o la conducción de la AFA. "Solo se pidió información en el marco de las funciones administrativas de control", aclaró.

Distensión con el Gobierno, pero conflicto abierto

En la Casa Rosada, la decisión fue leída como una señal de distensión en el vínculo con la dirigencia del fútbol argentino. Sin embargo, el conflicto de fondo sigue abierto: en diciembre, la Dirección General Impositiva denunció penalmente a Tapia por presunta apropiación indebida de tributos, la única causa penal vigente contra el dirigente.

Mientras tanto, la AFA negó irregularidades contables, rechazó acusaciones de malversación y apuntó contra el Gobierno. Desde la IGJ, en cambio, remarcaron que los veedores no avalan decisiones y dejaron entrever que el cambio de jurisdicción podría tener una motivación política, ya que el organismo solo fiscaliza entidades con domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires.