La Corte Suprema dejó firme la condena por el crimen del cacique Javier Chocobar, 16 años después
El máximo tribunal confirmó las penas de prisión para Luis "El Niño" Gómez y Eduardo Valdivieso Sassi por el asesinato del líder diaguita en 2009. La comunidad Los Chuschagasta celebra el fallo tras años de reclamos por justicia.
Justicia definitiva por un crimen que marcó a Tucumán
Después de 16 años de espera, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó este martes las condenas contra Luis Humberto "El Niño" Gómez y Eduardo José Valdivieso Sassi, responsables del asesinato del cacique diaguita Javier Chocobar y de las graves heridas a Emilio y Andrés Mamaní, durante un violento ataque ocurrido en octubre de 2009 en la localidad tucumana de Choromoro.
Los acusados habían sido condenados en 2018 a 18 y 10 años de prisión, respectivamente, por haber participado del ataque armado encabezado por el empresario Darío Amín, fallecido en 2021, en el marco de una disputa territorial con la Comunidad Indígena Los Chuschagasta por la explotación de una cantera ubicada en tierras ancestrales.
Desde el fallo, las defensas presentaron numerosos recursos para intentar revertir las penas, pero el máximo tribunal desestimó todos los planteos y dejó firme la condena, poniendo punto final a una de las causas más emblemáticas sobre violencia hacia comunidades originarias en Tucumán.
Un crimen con impacto histórico
El asesinato ocurrió el 12 de octubre de 2009, una fecha cargada de simbolismo para los pueblos originarios. Chocobar fue baleado en la pierna y murió en pocos minutos por la hemorragia, mientras que los Mamaní resultaron gravemente heridos durante el enfrentamiento que siguió a la irrupción armada de los agresores.
Parte del ataque fue registrado en video por el propio Amín, lo que resultó clave para la condena dictada nueve años después por el tribunal. La fiscal Marta Jerez y el abogado querellante Carlos Garmendia encabezaron la acusación que logró llevar a los responsables a juicio.
Gómez y Valdivieso habían obtenido libertad bajo caución en 2020, pero con el fallo firme, la Justicia provincial deberá ejecutar las condenas.
"Ya pedimos la inmediata captura de los condenados", confirmó Garmendia, quien subrayó el valor del fallo para una comunidad "que sigue luchando por sus derechos territoriales en un contexto de violencia histórica y despojo".
