La Corte inicia la transferencia de bienes

La Corte Suprema de Justicia comenzó formalmente el proceso de incorporación al Estado de más de 60 millones de dólares y bienes inmuebles decomisados a Lázaro Báez y su hijo Martín, en el marco de la causa conocida como "la ruta del dinero K".

Sergio Romero, director general de Gestión Interna e Infraestructura del tribunal, notificó al juez del Tribunal Oral Federal 4, Néstor Costabel, que se dispuso el decomiso y la adjudicación definitiva de los fondos obtenidos por las subastas, así como la inscripción registral de los inmuebles a nombre del máximo tribunal.

Monto decomisado y pasos administrativos

Según la sentencia del TOF dictada en abril de 2021 y confirmada por Casación en 2023, los montos decomisados alcanzan los USD 61.130.860,86, además de $4.174.697 ajustables según el índice de precios del consumidor del INDEC.

Romero solicitó la transferencia de este dinero a dos cuentas de la Corte Suprema y la remisión de toda la documentación de las subastas realizadas en el expediente 3017/2013/TO2/14, dando así inicio a la ejecución efectiva de los bienes.

Antecedentes y conflicto con el Ejecutivo

El 29 de mayo de 2025, la Corte declaró inadmisibles los recursos de la defensa de Báez, dejando firmes las condenas y decomisos. Esto habilitó la transferencia de los bienes al Estado.

En paralelo, el Poder Ejecutivo había creado el Consejo de Bienes Recuperados, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, para administrar estos activos. Sin embargo, en octubre pasado, el juez Pablo Cayssials dictó una cautelar que suspendió su aplicación, al considerar que la norma afecta la independencia judicial.

El fallo del magistrado señaló que el decreto "altera de manera integral el sistema de gestión de bienes de origen ilícito" y vulnera la autonomía y autarquía presupuestaria del Poder Judicial.