Desde noviembre de 2023, los salarios registrados en Argentina han sufrido una pérdida significativa de poder adquisitivo, que según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA) alcanza el 9% al considerar un índice de precios reponderado. La actualización oficial de la canasta de bienes y servicios del Indec, que permitirá medir con mayor precisión la inflación y el impacto en los ingresos, se prevé para finales de este año.

El informe señala que, al inicio del gobierno de Javier Milei, la fuerte devaluación y el aumento de precios provocaron una caída extraordinaria del poder adquisitivo. Aunque la inflación se desaceleró en tramos posteriores, el salario real mostró desde noviembre de 2024 un comportamiento oscilante y levemente decreciente, afectado por la suba del desempleo y límites a los aumentos salariales establecidos por el gobierno.

En junio de 2025, el salario real registrado quedó 5,5% por debajo del nivel de noviembre de 2023. En el sector privado, la caída fue menor, de 0,6%, mientras que en el sector público los salarios se ubicaron 14,3% por debajo del nivel previo a la asunción del gobierno actual, acumulando una pérdida de 37,9% respecto a noviembre de 2015.

El estudio también advierte que la falta de actualización de los ponderadores de gasto genera una subestimación de la línea de pobreza. Al corregir estos datos, la tasa de pobreza para el semestre octubre 2024-marzo 2025 alcanzaría el 43,3% de la población urbana, frente al 34,7% reportado oficialmente.

Respecto al salario mínimo, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA-Conicet) indica que, entre noviembre de 2023 y julio de 2025, acumuló una caída real del 32%, situándose por debajo del nivel de 2001 y con una erosión del 62% respecto del máximo histórico de septiembre de 2011.

El informe deja en evidencia que la pérdida de poder adquisitivo y la caída de los salarios, tanto públicos como privados, impacta directamente en el consumo y en la capacidad de las familias para adquirir bienes y servicios, agravando la situación económica de los hogares argentinos.