La 7° edición de la Maratón Mirador de Tafí, realizada el 7 de febrero en Tafí del Valle, volvió a convocar a familias, deportistas y afiliados bancarios en uno de los eventos deportivos y solidarios más importantes del verano tucumano. Sin embargo, el encuentro quedó envuelto en una controversia institucional.

La Asociación Bancaria - Seccional Tucumán presentó una nota formal ante el Ministerio de Seguridad cuestionando la presencia de efectivos policiales del D2 realizando tareas de investigación y control de información durante la competencia.

Un evento deportivo con fuerte perfil social

La Maratón Mirador de Tafí se consolidó como una propuesta que combina deporte y compromiso comunitario. En ediciones anteriores, incluso, se destinaron fondos para el equipamiento de la propia Policía de Tucumán para tareas de vigilancia.

La competencia reúne a corredores profesionales y amateurs, afiliados bancarios, familias y jóvenes en el circuito del Mirador, uno de los paisajes más emblemáticos del Valle.

La queja del gremio

El documento, fechado el 9 de febrero de 2026, lleva la firma de María Cecilia Sánchez Blas y Carlos Cisneros. En la presentación dirigida al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, el gremio sostuvo que resultaba "totalmente innecesario" que el jefe de Policía dispusiera la presencia de personal del D2 en un evento de carácter social y deportivo.

El D2 es la Dirección General de Investigaciones de la Policía de Tucumán, un área especializada en tareas de investigación criminal, recolección de información e inteligencia policial, distinta a la función preventiva de las comisarías o patrullas comunes.

Además, la nota vincula el planteo con la falta de respuestas sobre la identificación de policías que habrían agredido a trabajadores bancarios en Concepción el 5 de enero.

En ese contexto, La Bancaria sostuvo que los recursos del Estado y principalmente de la  Dirección General de Investigaciones de la Policía de Tucumán deben destinarse prioritariamente a la prevención del delito y al esclarecimiento de hechos denunciados, y no al control de eventos comunitarios.