Un litigio que pone en juego US$16.000 millones

Este miércoles, la Cámara de Apelaciones de Nueva York celebrará una audiencia decisiva en el juicio por la expropiación de YPF, iniciado tras la nacionalización de la empresa en 2012.

El Estado argentino intentará revertir la sentencia de la jueza Loretta Preska, que condenó al país a pagar US$16.000 millones en concepto de resarcimiento por no haber cumplido con los estatutos de la compañía al momento de la estatización.

El caso se encuentra en manos de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, una instancia superior que deberá analizar los argumentos del Gobierno, de la petrolera YPF y del fondo Burford Capital, que adquirió los derechos del reclamo de los antiguos accionistas Eskenazi.

Burford busca incluir a YPF como corresponsable

El fondo Burford Capital -principal beneficiario de la condena- solicitará que se mantenga el fallo de Preska, pero además reclamará que YPF sea incluida como responsable solidaria del pago.

Por su parte, la petrolera defenderá su eximición de responsabilidad, tal como lo dispuso la magistrada de primera instancia, que entendió que la empresa no intervino en la decisión política de expropiación.

El Gobierno argentino, en tanto, sostendrá que la sentencia es "desproporcionada e injustificada" y que el tribunal de Nueva York no tiene jurisdicción para imponer una indemnización de tal magnitud a un Estado soberano.

Qué puede pasar después de la audiencia

Los analistas estiman que la decisión final de la Cámara de Apelaciones no será inmediata y podría conocerse recién durante el primer semestre de 2026.
De confirmarse el fallo, la Argentina solo podrá recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sin embargo, existe la posibilidad de que el tribunal reduzca el monto del resarcimiento o incluso, aunque poco probable, que rechace por completo la sentencia de Preska.

En esta etapa no se discutirá la forma de pago. La jueza había planteado que una alternativa podría ser entregar acciones de YPF, aunque esa medida también fue apelada y tramita en paralelo.

Mientras tanto, los acreedores ya manifestaron su intención de negociar un acuerdo extrajudicial con el Gobierno argentino y no contemplan quedarse con activos de la petrolera.

El extenso litigio -que lleva más de una década en tribunales estadounidenses- incluso derivó en pedidos de información sobre correos electrónicos y comunicaciones de funcionarios argentinos, en el marco de la búsqueda de activos para eventuales embargos.