Karla Nahir Naomi Robles tenía 27 años. Era joven, trabajadora, modelo, llena de proyectos. Pero su vida se apagó el 24 de octubre de 2025 en una transmisión en vivo por TikTok. Se quitó la vida después de haber sido hostigada, amenazada y perseguida durante más de tres años por su ex pareja, Diego Z, a quien la justicia tucumana nunca detuvo, pese a las reiteradas denuncias y a las pruebas contundentes de violencia y acoso sistemático.

Su muerte no fue un hecho aislado. Fue la consecuencia directa de la inacción del Ministerio Público Fiscal. Fue -como tantas otras en Tucumán- una tragedia anunciada.

El comienzo del infierno

En 2022, Karla denunció a su expareja por lesiones y amenazas de muerte. En su declaración ante la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Familiar y de Género I, a cargo del fiscal Augusto Zapata, relató cómo Diego Z la hostigaba incluso por redes sociales, donde la insultaba, difamaba y la instigaba a suicidarse.

La justicia dictó una medida de restricción de acercamiento y una consigna policial, que duró apenas unos días. "Z" incumplió la orden una y otra vez, burlando las disposiciones judiciales y continuando con sus publicaciones violentas en redes.

Por ese incumplimiento, Karla lo denunció nuevamente, esta vez por desobediencia a la autoridad, delito tipificado en el artículo 239 del Código Penal, que prevé prisión de 15 días a un año. 

Sin embargo, la fiscalía no pidió su detención. Solo le secuestraron el celular. Nada más.

El silencio judicial

En los meses siguientes, el hostigamiento se agravó. Karla y su familia recibieron amenazas de muerte. Su hermano Nazareno Robles también debió denunciarlo ante la justicia. Se dictaron nuevas medidas de restricción, ahora extendidas a toda la familia. Pero ninguna se hizo cumplir.

Karla vivía un calvario. Sufría ataques de pánico, fue internada por crisis nerviosas y desarrolló trastornos alimentarios. A pesar de sus pedidos de ayuda, sus denuncias -seis en total- fueron archivadas.

La justicia tucumana volvió a repetir el mismo patrón que ya había costado la vida de Paola Tacacho: la desprotección sistemática de las víctimas de violencia de género.

El pedido desesperado

El abogado de la familia, Dr. César Augusto Avellaneda, presentó múltiples escritos y mensajes formales ante la fiscalía. En uno de ellos, fechado en 2022, se lee su advertencia a una auxiliar judicial:

"Doctora, le ruego que hable con el señor fiscal. Nos vamos a arrepentir después. Este hombre sigue publicando y hostigando a la víctima, violando la medida cautelar".

La respuesta fue escueta: "Ahora lo veo, gracias".

Nunca lo vieron.

Nunca actuaron.

Mientras tanto, Diego Z denunciaba a Karla por "calumnias e injurias", en una clásica maniobra de denuncia espejo utilizada para hostigar a las víctimas y desacreditar su palabra.

La amenaza final

El 23 de octubre, Karla subió una foto al gimnasio. No había contacto entre ellos desde hacía tiempo, pero "Z" volvió a escribirle. Los mensajes, recuperados del celular de la víctima, hielan la sangre:

"Si vos no te matás, voy a matar a tu mamá y a tu hermano."

Karla respondió:

"Bueno, eso haré."

Él replicó con violencia racista y cruel:

"Si no tenés huevos, negra de mierda."

Horas después, Karla transmitió en vivo por TikTok y se quitó la vida.

La amenaza después de la muerte

Minutos después del suicidio, el hermano de Karla recibió un audio de Diego "Z", donde amenazaba de muerte a la familia Robles:

"Tu hermana hizo lo que quería porque quería. Si le hacen algo a mi familia, los mato a todos. Yo estoy diez veces más loco."

Hoy, ese hombre está prófugo.

Libre.

A pesar de las pruebas, las capturas, los audios, los antecedentes y las ocho denuncias en su contra. (Audio en Informe El Avispero publicado al final de esta nota) 

La cadena de impunidad

El caso de Karla Robles volvió a poner bajo la lupa al Ministerio Público Fiscal de Tucumán, encabezado por Edmundo "Pirincho" Jiménez, un funcionario con más de una decena de pedidos de juicio político y un historial de encubrimientos y negligencia institucional.

Las denuncias de Karla pasaron por cuatro fiscalías distintas:

1) Unidad Fiscal de Violencia Familiar y Género (Fiscal Adriana Reynoso Cuello, cuestionada también por el caso Tacacho).

2) Unidad Fiscal de Decisión Temprana (Daniel Soca Piñeiro).

3) Unidad Fiscal de Narcomenudeo.

4) Unidad Fiscal de Atentados contra las Personas.

Ocho denuncias.

Cero respuestas.

Una muerte anunciada.

El delito y el contexto

El abogado de la familia, César Avellaneda, pidió formalmente la detención de Diego Z, bajo el artículo 83 del Código Penal:

"Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado."

El pedido recayó en la Fiscalía de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo.

Sin embargo, la figura de instigación al suicidio aún no contempla los contextos de violencia de género, una omisión legal que agrava la indefensión de las víctimas.

Un sistema que no funciona

Desde la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Adversarial (Ley 8933) en 2020, los fiscales deberían tener un rol más activo y presente. Pero dentro del propio MPF reconocen que la mayoría no asiste a las audiencias y que las causas cambian constantemente de manos por "acordadas" internas. La falta de continuidad, la desidia y el corporativismo se combinan con una cultura judicial que revictimiza y desprotege a las mujeres.

La justicia tucumana sigue construyendo muros de impunidad sobre los cuerpos de las víctimas.

justicia por kARLA

El caso de Karla Robles es hoy un símbolo de todo lo que no funciona en Tucumán: un Poder Judicial que no escucha, un Ministerio Público que no actúa y un sistema que convierte las denuncias en papeles archivados.

Su historia -como la de Paola Tacacho o Paulina Lebbos- es un grito que atraviesa el tiempo y la burocracia:

No pidió morir, pidió que la escuchen.

Mientras su familia exige justicia, su agresor sigue prófugo y el Estado, otra vez, llega tarde.

Informe completo en El Avispero: