La jueza Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N.° 2, ordenó al Gobierno abstenerse de modificar la estructura del INTI, en respuesta a una presentación judicial impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La medida frena por seis meses cualquier intento de quitarle autonomía al organismo, como pretendía la administración de Javier Milei.

¿Qué pretendía el Gobierno?

El Ejecutivo nacional había anunciado que el INTI dejaría de ser un organismo descentralizado para quedar bajo control de la Secretaría de Industria y Comercio, como parte de una reforma incluida en la Ley Bases y el Decreto 462/2025.

Aunque aseguraban que sus funciones no se verían afectadas, el cambio implicaba una reducción de su estructura administrativa y la pérdida de su autarquía y conducción colegiada.

¿Qué argumentó el gremio?

ATE, liderado por Rodolfo Aguiar, denunció que el Gobierno buscaba ejecutar un "vaciamiento encubierto" del INTI. El sindicato solicitó que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de las medidas, por considerar que:

• Se violan principios como la legalidad, la división de poderes y la reserva de ley.

• Se compromete la estabilidad del empleo público.

• Se avanza sin habilitación legal ni respeto por la norma de creación del instituto.

Aguiar fue más allá y vinculó la reforma con una supuesta agenda de desindustrialización. "Presidente Milei, se propone aniquilar la industria y la producción, pero no va a poder", lanzó desde su cuenta de X.

¿Qué efectos tiene la medida cautelar?

La jueza Forns ordenó suspender por 6 meses cualquier acto administrativo derivado del decreto o la Ley Bases. Esto incluye:

• Reubicaciones y traslados.

• Cesantías y suspensiones.

• Pases a disponibilidad.

• Eliminación o fusión de áreas del INTI.

Durante este plazo, el Gobierno no podrá avanzar con su plan de reestructuración del instituto, que hoy continúa con su esquema original.

Contexto político

La decisión judicial se produce en un momento en que el Gobierno busca acelerar reformas estructurales, pero enfrenta resistencias gremiales y judiciales. La causa podría escalar si se dictan fallos de fondo que declaren la inconstitucionalidad de la reforma.