La Justicia resolvió cerrar la denuncia presentada por Alberto Fernández contra su ex pareja, Fabiola Yañez, por la filtración del video de Tamara Pettinato grabado en la Casa Rosada. El Tribunal Oral Criminal N°4 determinó que la acción penal había prescripto, ya que el expresidente no impulsó el expediente dentro del plazo legal de 60 días hábiles.

La causa se había iniciado en agosto de 2024, cuando Fernández denunció una "violación de secreto" luego de que se difundieran los videos de Pettinato encontrados en su teléfono. Según él, el dispositivo -que había regalado a su hijo Francisco- contenía material personal.

El tribunal consideró que la querella no cumplió con los plazos procesales establecidos por el artículo 422 del Código Procesal Penal, que declara extinguida la acción privada si no se promueve el procedimiento en el tiempo indicado. Así, los jueces dictaron el sobreseimiento de Yañez, pese a los cuestionamientos de los abogados de Fernández, quienes alegaron que la norma no debía aplicarse "para frustrar el debate".

Cambios en la defensa y negociaciones con el expresidente

Yañez regresó al país hace dos semanas con la intención de acercar posiciones con Fernández. Sin embargo, su intento de acuerdo generó un quiebre con su abogada Mariana Gallego, quien renunció a representarla tanto en la causa civil -por la cuota alimentaria- como en otro expediente por amenazas e impedimento de contacto.

La ex primera dama nombró como nuevas defensoras a Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa. Desde el entorno del ex mandatario aseguran que el acuerdo "está totalmente descartado" por las condiciones que habría impuesto Yañez.

Mientras tanto, sigue pendiente la causa por violencia de género, actualmente en suspenso tras el apartamiento del juez Julián Ercolini. El abogado de Fernández, Mauricio D'Alessandro, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para revertir esa medida.

El fiscal Ramiro González había pedido en 2024 que la causa se eleve a juicio oral, pero el expresidente interpuso nulidades que aún deben resolverse. Por ahora, el expediente está a cargo del juez Daniel Rafecas, quien fue propuesto por el propio Fernández para encabezar la Procuración General durante su gestión.