Juicio contra Julieta Makintach: definen si la suspenden de forma definitiva como jueza

Tras su renuncia por el escándalo en el juicio por la muerte de Maradona, el jury debatirá si la apartan del cargo.

Este jueves será clave en el proceso contra la jueza Julieta Makintach. Los legisladores bonaerenses que integran el jurado de enjuiciamiento debatirán si suspenden de forma definitiva a la magistrada, quien presentó su renuncia la semana pasada tras el escándalo que protagonizó en el juicio oral por la muerte de Diego Maradona.

Makintach ya había sido suspendida de forma preventiva por la Corte Suprema bonaerense por 90 días. Sin embargo, la decisión del jury tendría consecuencias directas sobre su salario -que aún continúa cobrando- y podría marcar un antecedente político y disciplinario decisivo en su contra.

El jury avanza, pero todo depende de Kicillof

Aunque la jueza presentó su renuncia, el jury continúa su curso hasta que el gobernador Axel Kicillof decida si acepta o no la dimisión. Si la acepta, el proceso se suspendería automáticamente. Si no lo hace, el juicio político seguirá su curso y podría derivar en la destitución de la magistrada, lo que la inhabilitaría de forma permanente para volver a ocupar cargos judiciales.

Una eventual suspensión por parte del jury indicaría que los legisladores consideran que existen pruebas suficientes para apartarla. Si no se aprueba, podría interpretarse como una señal de que el caso no amerita sanciones de fondo.

Renuncia, jubilación y consecuencias a largo plazo

En su carta de renuncia, Makintach reconoció que su decisión busca preservar el prestigio institucional de la Justicia. Afirmó que su paso al costado representa un gesto ético frente al impacto social y político del escándalo.

De todas formas, si su renuncia es aceptada, no accedería a la jubilación especial del Poder Judicial por no reunir los requisitos de edad y años de servicio. Sólo podría hacerlo en la caja previsional bonaerense si continúa aportando desde otro empleo.

En tanto, fuentes judiciales advierten que, si es desplazada mediante un juicio político, también podría enfrentar restricciones para ejercer como abogada, ya que varios colegios profesionales no aceptan matricular a personas destituidas por ese mecanismo.

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