La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó este martes un nuevo capítulo. La jueza Loretta Preska, quien condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones por la estatización de 2012, convocó a una nueva audiencia para el 29 de julio. Allí se discutirá un punto central: si se habilita o no el acceso de los demandantes a documentos confidenciales en el marco del discovery.

Preska otorgó un plazo de dos semanas para que ambas partes intercambien escritos y traten de alcanzar un acuerdo sobre qué información puede ser compartida sin poner en riesgo activos estratégicos.

En la Casa Rosada descartan cualquier reunión por fuera del proceso judicial y aseguran que no entregarán datos que puedan exponer bienes embargables.

frena temporalmente la entrega de acciones

Este martes, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York decidió suspender de manera preventiva la ejecución de la entrega del 51% de las acciones de YPF, en manos del Estado. La decisión pone en pausa la orden emitida por Preska mientras se resuelve si se otorga o no una suspensión firme.

El tribunal ordenó que Burford, el fondo litigante, presente su oposición antes del 17 de julio, y que Argentina replique antes del 22. La definición quedará en manos de un panel de tres jueces.

Desde el Gobierno sostienen que la transferencia de acciones implicaría "un daño irreparable" y afirman que no se puede ejecutar una sentencia parcial mientras no haya revisión de fondo. La Procuración del Tesoro ya inició formalmente la apelación de ese tramo de la sentencia.

El juicio y financieras

El juicio tiene su origen en la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner. Si bien Repsol recibió un pago en bonos, otros accionistas como el grupo Petersen (familia Eskenazi) no fueron compensados. Burford y Eton Park compraron los derechos de litigio y ahora buscan resarcirse con acciones de la petrolera.

El fallo de primera instancia, dictado en septiembre de 2023, condenó al país a pagar US$16.000 millones, cifra que con intereses ya supera los US$17.700 millones. El Gobierno de Javier Milei asegura que apelará hasta llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, si es necesario.

En paralelo, la Casa Rosada advierte que el cumplimiento del fallo dejaría a Argentina ante un dilema legal grave: modificar leyes nacionales o desobedecer un tribunal extranjero. Mientras tanto, buscan evitar que se impongan multas diarias por incumplimiento.