Burford pide diálogo antes de la audiencia en Nueva York

A pocos días de la audiencia clave ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, el fondo Burford Capital -principal beneficiario del juicio por la expropiación de YPF- recomendó al Gobierno argentino negociar un acuerdo para evitar el pago total de los US$16.000 millones impuestos por la Justicia estadounidense.

En un comunicado, el bufete británico repasó el estado del caso, anticipó que podría extenderse hasta 2027 y alertó sobre la incertidumbre que rodea al proceso judicial. "Subsisten riesgos sustanciales en relación con el caso, entre ellos nuevas actuaciones ante tribunales de Estados Unidos y del extranjero, apelaciones, procedimientos de ejecución y litigios colaterales", explicó el documento.

Burford también reconoció que "los litigios suelen resolverse por montos considerablemente inferiores al importe de las sentencias" y dejó entrever una posible disposición al diálogo con el Ejecutivo, aunque aclaró que "no se realizará comunicación pública alguna hasta su conclusión".

Qué se define el 29 de octubre

La audiencia de apelación, programada tres días después de las elecciones legislativas, será determinante para la estrategia del Gobierno. En esa instancia, la Argentina dispondrá de media hora para argumentar en contra del fallo de la jueza Loretta Preska, que en septiembre de 2023 condenó al país a pagar los US$16.000 millones a los fondos que habían adquirido el reclamo de los antiguos accionistas minoritarios de YPF.

Los demandantes tendrán 10 minutos para su exposición y otros 10 corresponderán a la apelación cruzada de YPF. Aunque Preska había excluido a la petrolera del proceso, Burford apeló esa decisión y el tribunal también evaluará ese punto.

Un fallo con impacto financiero global

El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York ya declaró ejecutable la sentencia desde enero de 2024 y ordenó a la Argentina entregar documentación sobre sus vínculos con YPF, el Banco Central, Aerolíneas Argentinas y otras empresas públicas.

Mientras tanto, el país enfrenta procesos de ejecución en distintas jurisdicciones, lo que podría derivar en el embargo de activos en el exterior si no prospera la apelación o no se logra un acuerdo extrajudicial.

Burford reiteró que no existen plazos fijos para que el tribunal publique su fallo, por lo que la definición podría demorar varios meses. En ese escenario, el llamado al diálogo busca reducir los riesgos económicos y políticos que enfrenta la Argentina en uno de los litigios internacionales más costosos de su historia.