El juicio por la expropiación de YPF sigue sumando capítulos. Argentina presentó su tercera apelación en el caso que la condenó a pagar US$16.000 millones, centrada en frenar la orden de la jueza Loretta Preska, quien exigió la entrega de mensajes y dispositivos de los últimos ministros de Economía, Luis Caputo y Sergio Massa.

Los abogados argentinos notificaron al juzgado de primera instancia de Nueva York sobre el inicio del proceso de apelación ante la Corte del mismo distrito, donde ya habían presentado argumentos contra la entrega de acciones de la petrolera.

La disputa sobre la información de los funcionarios

Esta apelación se enmarca en el proceso de discovery, durante el cual los beneficiarios de la sentencia, Burford Capital, buscan demostrar la figura del alter ego: si YPF y otras empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas y Banco Nación, funcionan como una extensión del Estado.

La jueza Preska había ordenado la recolección de mensajes de funcionarios relacionados con palabras clave como YPF, Banco Nación o Aerolíneas, sin tocar información privada. Argentina había presentado dos recursos previos para frenar la medida, alegando que viola leyes locales e internacionales y afecta la soberanía del país, pero la magistrada ratificó su directiva y fijó un plazo límite para cumplirla.

Estrategia legal del Gobierno argentino

Con esta tercera apelación, la defensa busca dejar sin efecto la orden que obliga a entregar mensajes y dispositivos personales de los funcionarios. El tribunal de segunda instancia también analiza otros dos recursos: uno para impedir la entrega de acciones de YPF como parte del pago de la sentencia, y otro para cuestionar la condena de US$16.000 millones en su totalidad.

Si la figura del alter ego se confirma, los fondos demandantes podrían embargar otras empresas estatales para cobrar la sentencia de septiembre de 2023, que ya había sido apelada por el Gobierno.