Si se hubiera aplicado este mes lo dispuesto por una de las leyes vetadas por el presidente Javier Milei, los jubilados y pensionados del sistema de la Anses cobrarían un 7,2% o un 16,5% más que lo que efectivamente recibirán. Sería un alivio económico que, sin embargo, no alcanzaría a compensar las importantes pérdidas de poder adquisitivo acumuladas, sobre todo entre 2021 y principios de 2024.

Con la suba de 1,62% correspondiente al sistema de movilidad vigente desde abril de 2024, el haber mínimo de agosto se ubica en $314.305,37 (bruto) y el máximo en $2.114.977,60. Una vez aplicado el descuento al PAMI, los montos netos son de $304.876 y $1.997.508, respectivamente.

Quienes perciben solo el haber mínimo reciben también un bono de $70.000. En ese caso, el total bruto asciende a $384.305 y el ingreso neto, a $374.876. El reajuste del total en este caso es de solo 1,31%, ya que el bono permanece congelado y representa el 18% del ingreso total.

El monto de $384.305 actúa también como garantía de ingreso mínimo para quienes tienen un haber inferior a esa cifra. Por eso, si el haber es mayor al mínimo pero no llega a $384.305, se paga un bono complementario hasta alcanzar ese monto.

La ley vetada por el presidente -cuya publicación en el Boletín Oficial se espera para el lunes- preveía una suba del 7,2% para todos los haberes y un aumento del bono de $70.000 a $110.000, además de la actualización mensual del bono según inflación.

Con esta ley en vigencia, el ingreso más bajo (haber mínimo más bono) habría sido de $446.935 (bruto) o $436.827 (neto), es decir, $61.951 más que lo que efectivamente se cobrará, lo que representa un 16,5% de diferencia. Actualmente, unos 3 millones de personas cobran ese ingreso, cerca del 50% del total de beneficiarios contributivos.

Para el haber máximo, la ley implicaba un ingreso de $2.267.256 (bruto) o $2.141.329 (neto), lo que supone una diferencia de $143.820,70 con respecto al monto que se percibirá efectivamente: un 7,2% más.

Por ejemplo, un jubilado que en julio cobró $500.000 habría recibido $544.683 en agosto si se aplicaba la ley, pero en realidad cobrará $508.100. La diferencia es de $36.583, también un 7,2%.

Sin financiamiento suficiente

El Gobierno ya había anticipado su decisión de vetar esta ley y otras aprobadas por el Congreso, como la que repone una moratoria previsional. El argumento principal es el riesgo que representan para el equilibrio fiscal.

La ley vetada incluía mecanismos de financiamiento, como el uso de fondos actualmente destinados a las Sociedades de Garantía Recíproca, que respaldan a pymes en el acceso al crédito, lo que generó controversias.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), las medidas referidas a ingresos jubilatorios tendrían un costo anual equivalente al 0,79% del PBI. Esta cifra subiría al 1,17% si se suman las transferencias a provincias con cajas previsionales deficitarias y al 1,47% si se incluyen también la moratoria previsional y los cambios a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En cambio, las fuentes de financiamiento contempladas aportarían apenas el 0,39% del PBI, lo que cubriría apenas un cuarto del costo total o, en el mejor de los casos, la mitad del gasto solo en jubilaciones y pensiones.

El poder de compra de los haberes

Según el DNU 274, que fija reajustes mensuales por inflación desde abril de 2024, entre enero y agosto de este año los haberes aumentaron un 21,03%. Esa suba superaría la inflación acumulada en ese período, según estimaciones privadas. Este beneficio alcanza principalmente a los jubilados que no reciben bonos (unos 3 millones de personas), quienes sufrieron las mayores pérdidas de poder adquisitivo en años previos, especialmente entre 2020 y 2023.

Sin embargo, quienes perciben el haber mínimo con el bono congelado vieron un incremento acumulado de solo 16,5% en lo que va del año, por lo que sus ingresos siguen por debajo de la inflación.

Durante el primer semestre de 2024, los haberes sin bono tuvieron una recuperación del poder de compra de 2%, mientras que los ingresos mínimos con bono perdieron un 1,12%. En junio, el ingreso real de quienes cobran la mínima fue un 7,8% menor que a principios del año.

Más allá del efecto negativo del bono congelado, los reajustes por IPC permitieron que los haberes dejen de perder poder adquisitivo. Pero la fórmula fue implementada sin compensar las pérdidas acumuladas de años anteriores.

Durante la vigencia de la ley 27.609 -impulsada por el gobierno anterior- los jubilados sin bono sufrieron una caída del 50,3% en su poder de compra, debido a una fórmula que no ajustaba por inflación, aplicaba topes a los aumentos y fue mantenida pese al deterioro de los ingresos. Esa ley ya fue declarada inconstitucional por varias cámaras del interior, y ahora se espera una definición de la Corte Suprema.