A partir de la decisión de ajustar las jubilaciones por inflación, el Gobierno de Javier Milei enfrenta un dilema fiscal para 2025: cómo financiar ese aumento sin romper el superávit primario que logró durante los primeros meses de gestión. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el gasto en haberes subiría un 11% en términos reales, lo que obligará a recortes en otras áreas del presupuesto.

Jubilaciones más altas, cuentas más apretadas

El IARAF proyecta que el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas alcanzará los $49 billones (a moneda constante de febrero 2025). Esto lo convierte en el principal componente del gasto público nacional, lo que significa que su crecimiento impacta directamente sobre el resto del gasto primario.

El informe advierte que este incremento pone en jaque la estrategia fiscal del Gobierno, especialmente si se quiere mantener el superávit financiero, ya que el aumento previsional no fue acompañado por una suba equivalente en los ingresos del Estado.

Subsidios energéticos: el recorte clave

La reducción de los subsidios a la energía aparece como la principal fuente de financiamiento. De acuerdo al IARAF, si el Gobierno logra una baja real del 34% en los subsidios energéticos, eso permitiría cubrir el 59% del aumento en jubilaciones. Pero para financiarlo por completo, haría falta una caída del 58%, algo que se considera "poco probable".

Además, se contemplan dos escenarios fiscales. En ambos, el bono de $70.000 para jubilados se mantendría. Pero dependiendo del nivel de crecimiento del PBI y de las prioridades del gasto, podrían verse afectadas transferencias a provincias, obras públicas, salarios estatales y programas sociales.

Lo que se puede venir

En el escenario más optimista (el del proyecto de Presupuesto 2025), se proyecta un crecimiento del 20% en las transferencias a provincias, 17% en inversión real directa y 9% en salarios. En el escenario más ajustado, esos aumentos bajan a 14%, 11% y 3%, respectivamente. En ambos casos, otras partidas como universidades, INSSJP, transporte y programas sociales quedarían prácticamente congeladas.