La justicia argentina avanza en el reconocimiento de la violencia económica como una forma de violencia de género, incluso cuando los acusados pertenecen a familias de renombre y alto poder económico. Ese es el trasfondo de la denuncia presentada por el abogado Jorge Bernabé Lobo Aragón, en representación de su esposa, Isabel Frías Silva, contra sus propios hermanos.

Según Lobo Aragón, la familia de su esposa habría utilizado su influencia política y económica para excluirla de la administración y el reparto de bienes de la empresa familiar.

"Tenemos el poder"

El conflicto tuvo un episodio clave en la sede de la empresa. Allí, Isabel y su hermana acudieron respaldadas por un acta de asamblea, pero recibieron como respuesta ocho cheques de $1.158.000 cada uno, a cobrarse hasta enero de 2026.

Para Lobo Aragón, esta oferta fue "una limosna en cuotas" y una estrategia para desgastar a la víctima. Durante la reunión, uno de los hermanos -descrito como el heredero principal- habría pronunciado una frase que, según el abogado, resume la posición de poder de la familia: "Tenemos el poder, estamos cerca del gobierno y de la justicia".

Violencia económica y género

El caso está vinculado a una causa por administración infiel que, según el denunciante, se retrasa por maniobras dilatorias. Mientras tanto, los bienes y campos familiares continúan generando ingresos, pero las mujeres de la familia reciben pagos mínimos y condicionados.

"El dinero en cuotas para quien tiene hambre de justicia es otra forma de violencia. Y el silencio impuesto es la más cruel de las condenas", sostuvo Lobo Aragón, quien afirma que seguirá reclamando no solo por su esposa, sino por todas las mujeres que atraviesan situaciones similares.

Próximos pasos en la Justicia

El juicio oral aún no tiene fecha definida, pero el denunciante confía en que la Justicia actúe sin dejarse influenciar por el peso económico y político de los acusados. "No creo ni quiero creer que el gobierno ni la Justicia avalen este atropello", afirmó.

Para Lobo Aragón, el caso no es solo un reclamo familiar, sino una oportunidad para visibilizar cómo la violencia económica puede ejercerse en contextos de alto poder, donde las relaciones de género siguen marcadas por la desigualdad.