El Gobierno provincial, a través de un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, ha iniciado una investigación administrativa para esclarecer posibles responsabilidades relacionadas con presuntas incompatibilidades e incumplimientos de deberes y prohibiciones por parte de agentes de la Administración Pública Centralizada. Esto estaría vinculado a la percepción indebida de beneficios del Programa Nacional Potenciar Trabajo.

La medida surge como respuesta al Oficio emitido por el Fiscal Federal Guillermo Fernando Marijuan y a la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que suspendió el pago del Salario Social Complementario a 4588 beneficiarios en todo el país del Programa Potenciar Trabajo, de los cuales 956 son de Tucumán. 

  El cruce de datos reveló que 4,588 personas presentaban incompatibilidades para acceder al plan en 14 provincias, incluyendo Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.    

Los beneficiarios fueron señalados en la investigación por incompatibilidades en la percepción de los beneficios del programa con las remuneraciones de empleados estatales en 14 provincias.

La investigación, que se ha iniciado en el ámbito de Tucumán, tiene como objetivo esclarecer las responsabilidades en las presuntas incompatibilidades e incumplimientos de deberes y prohibiciones por parte de los agentes de la Administración Pública Centralizada, abarcando personal del Poder Ejecutivo, municipios, comunas rurales y agentes de la ex Unidad Reconversión Laboral (UNREL). El decreto indica que las incompatibilidades surgieron durante la gestión de gobierno que concluyó el 29 de octubre de 2023.

El Gobierno de Tucumán ha instruido a la Dirección General de Recursos Humanos para que, en un plazo de 30 días, presente Conclusiones Finales y un eventual Capítulo de Formulación de Cargos. Los Ministros de Educación y Seguridad también recibieron instrucciones similares respecto al personal de sus dependencias. El decreto especifica que las sanciones pueden variar desde un apercibimiento hasta la cesantía.

El origen de la investigación se remonta a cuando el fiscal Marijuan comparó las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de 14 provincias. A raíz de esto, el Ministerio de Capital Humano decidió dar de baja a las personas que, según la investigación, estaban recibiendo una contraprestación adicional al beneficio de Potenciar Trabajo. La Resolución 17/2023 del Ministerio de Capital Humano reveló los nombres de las personas involucradas en un listado de 418 páginas.