La investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez sumó en las últimas horas nuevas líneas de análisis que vinculan su entorno con personas relacionadas al tráfico de drogas y al circuito de fiestas electrónicas en Tucumán, según informó La Gaceta.

Según indicaron fuentes del caso, los familiares de la víctima aportaron información que permitió a los investigadores reconstruir parte de los vínculos que mantenía en el último tiempo, en un contexto marcado por su situación de vulnerabilidad y problemas de adicción.

El nexo con un presunto narco paraguayo

De acuerdo con los testimonios, Érika mantenía una relación sentimental con Carlos Alberto Ferreira Benítez, conocido como "El Paraguayo", quien fue detenido en 2021 en Alberdi y que en su país natal está acusado de liderar una organización dedicada al tráfico de marihuana hacia la Argentina por vía aérea.

Un testigo de la causa lo señaló como presunto organizador de vuelos narcos. Según la reconstrucción, habría sido él quien presentó a la joven con Felipe Sosa, conocido como "El Militar", el único imputado por el crimen.

A partir de ese contacto, ambos se habrían visto con frecuencia en reuniones privadas donde, según relataron los familiares, habría consumo de drogas y encuentros sexuales. En varias visitas al domicilio de Sosa, aseguraron haber observado pastillas que podrían ser éxtasis.

La pista de las fiestas electrónicas y una empresa de seguridad

Otro de los indicios bajo análisis está vinculado al circuito de las fiestas electrónicas. La ley que regula estos eventos establece que el control interno debe estar a cargo de empresas de seguridad privada.

Los investigadores no descartan que la empresa vinculada a Sosa pudiera haber sido utilizada como pantalla para la presunta comercialización de estupefacientes en esos encuentros.

Los defensores del imputado, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, rechazaron esa hipótesis: "Esas son versiones absolutamente falsas. Nuestro asistido tiene problemas de adicción", señalaron.

Una causa federal abierta por drogas

Sosa ya estuvo bajo la lupa de la Justicia Federal. En junio de 2023 fue procesado luego de que en una de sus viviendas se detectara un centro de cultivo de marihuana. Argumentó que tenía autorización para producir para consumo personal y de terceros.

El juez federal José Manuel Díaz Vélez lo sobreseyó, pero el fiscal federal Agustín Chit apeló la resolución en abril, por lo que esa causa aún no está cerrada.

Hasta el momento, el Ministerio Público no remitió copia del expediente a la fiscalía especializada ni a la Justicia Federal para que evalúen la posible apertura de una investigación paralela por narcomenudeo o narcotráfico.

Las nuevas líneas incorporadas buscan determinar si el entorno de la víctima y los vínculos que mantenía pueden aportar claves para esclarecer el contexto en el que ocurrió el crimen.