El Gobierno de Tucumán, ha iniciado sumarios administrativos contra empleados públicos que recibían el plan Potenciar Trabajo de manera incorrecta debido a posibles incompatibilidades. Esto se produce después de que el Gobierno Nacional eliminara 27.000 planes sociales en todo el país.

Los sumarios contra los beneficiarios surgen de datos proporcionados por el Gobierno de Tucumán al fiscal Guillermo Marijuan, quien identificó irregularidades en 956 empleados de la Administración Pública local durante una investigación preliminar. Esto llevó al Gobierno Nacional a suspender el cobro del plan a los implicados hasta que se determine la posible incompatibilidad.

La normativa del programa Potenciar Trabajo es específica y detallada, contemplando situaciones de compatibilidad con el empleo formal. De los empleados identificados con irregularidades, 230 eran de la UNREL y ya fueron dados de baja. Los demás fueron notificados para que aclaren su situación. La Provincia está avanzando con los sumarios y tomará medidas administrativas necesarias, incluyendo posibles cesantías. Jaldo ha ordenado intensificar las tareas administrativas para determinar responsabilidades.