La disputa por la competencia en la causa por presunto contrabando que involucra a la influencer Valentina Olguín sumó un capítulo decisivo. El juez federal de Tucumán Guillermo Díaz Martínez rechazó el pedido de su defensa para trasladar la investigación a Buenos Aires y confirmó que el expediente seguirá radicado en la provincia.

La decisión representa un revés para Olguín y respalda el planteo del fiscal Agustín Chit, quien había argumentado que el diseño de las maniobras habría sido realizado en Tucumán y que uno de los CUIT utilizados sin autorización sería el del gobernador Osvaldo Jaldo, lo que convierte a la provincia en parte directamente afectada y, por lo tanto, en sede natural del caso.

El origen del caso: compras del exterior con datos ajenos

La causa se inició meses atrás, cuando la Aduana detectó un patrón irregular en compras ingresadas bajo el régimen de Courier, un sistema simplificado para pequeñas importaciones. Según la acusación, Olguín habría simulado pedidos personales utilizando CUIT de gobernadores, entre ellos Jaldo, para traer indumentaria del exterior sin declarar su actividad comercial.

La AFIP confirmó luego que los titulares de los CUIT utilizados nunca habían autorizado esas operaciones, lo que motivó el inicio formal del expediente en Tucumán. Para la fiscalía, la maniobra encuadra en contrabando por simulación, agravado por la multiplicidad de envíos y la reiteración del mismo esquema.

Cómo escaló la investigación y qué puede pasar ahora

El expediente se robusteció con oficios, allanamientos y peritajes sobre envíos, teléfonos y documentación vinculada a Olguín. Paralelamente, la defensa intentó mudar la causa a Buenos Aires con el argumento de que allí se distribuían parte de los paquetes. El planteo fue desestimado por la fiscalía, que señaló que la ingeniería del mecanismo, así como la obtención de datos sensibles, se habrían gestado en Tucumán.

Tras esta resolución, la defensa aún puede recurrir ante la Cámara Federal de Casación Penal o solicitar la intervención de la Corte Suprema. Sostienen que la influencer no actuó con dolo y que algunas compras correspondían a acuerdos publicitarios con marcas. Sin embargo, para la fiscalía, la repetición de envíos y el uso de datos fiscales ajenos constituyen indicios firmes para avanzar hacia una acusación formal.

El caso ya generó impacto político debido a la aparición de datos de gobernadores en la documentación digital analizada. En Tucumán, el expediente es seguido de cerca mientras la justicia avanza hacia una nueva etapa procesal.