Un informe de la Fundación Encuentro encendió las alarmas sobre la realidad económica de los trabajadores de plataformas de delivery en Argentina. El estudio, basado en el Coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP), determinó que en septiembre de 2025 un repartidor necesitó completar 461 pedidos para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro personas.

El APP, creado por la Fundación Encuentro -dirigida por Cecilia Garibotti-, calcula cuántos pedidos se necesitan para alcanzar distintos umbrales de ingresos. Para ello, toma el valor de la canasta básica y lo divide por el valor promedio de un pedido, que en septiembre fue de $2.553,6, según datos de Rappi y PedidosYa.

La cifra deja al descubierto el nivel de esfuerzo transaccional que requieren quienes dependen de estas plataformas, un sector dominado por jóvenes y migrantes urbanos.

Cuántos pedidos hacen falta para cubrir otros gastos esenciales

El reporte detalla distintos umbrales que permiten dimensionar la economía cotidiana de los repartidores:

• Ingreso promedio individual (2025): 344 pedidos

• Hogar individual sin alquiler: 149 pedidos

• Canasta básica alimentaria individual: 67 pedidos

• Crianza de un bebé: 190 pedidos

• Alquiler promedio en CABA (1 a 3 ambientes): 271 pedidos

• Salario Mínimo Vital y Móvil: 126 pedidos

• Monotributo categoría A: 15 pedidos

• Un tanque de nafta (3,5 L): 2 pedidos

El estudio aclara que el APP mide ingresos brutos: no descuenta costos como combustible, mantenimiento, comisiones, impuestos ni retenciones. Tampoco incorpora propinas, por lo que el indicador puede sobreestimar la capacidad real de los trabajadores para cubrir gastos.

Además, al construirse sobre promedios agregados, no refleja las diferencias territoriales ni las desigualdades por tipo de vehículo o zonas de reparto.

Un sector en expansión, pero con fuertes desequilibrios

El informe remarca que la economía de plataformas creció de manera sostenida en los últimos años y que las apps de delivery son hoy un actor clave del empleo informal urbano. Sin embargo, advierte que la falta de datos públicos sobre la actividad dificulta medir con precisión la situación de los repartidores y los niveles reales de precarización.